Manifestación en favor de la vivienda social organizada por el Frente Popular de Acción Urbana (FRAPRU) en Montreal.
Photo Credit: FRAPRU

La lucha por la vivienda social en Canadá

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Un reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estableció que las viviendas en Canadá son las que más sobreprecio tienen.

Según el Fondo Monetario Internacional, (FMI), los precios de las viviendas en Canadá no son justos. Son demasiado altos, una sobrevaloración que es fruto en parte de la especulación en bienes inmobiliarios. Quienes más se benefician de esta situación son los bancos, las empresas inmobiliarias, los vendedores de viviendas, y las municipalidades, que pueden cobrar impuestos más altos.

De acuerdo a estos datos, a nivel nacional, una vivienda que quiere ser vendida en 100.000 dólares vale en realidad solamente 79.000 dólares.

Según la agencia de calificación Fitch Ratings, a nivel nacional la sobre valuación es de un 21 %. En algunas regiones de Canadá esa brecha alcanza al 26 %.

En Montreal, el precio promedio de una vivienda en 2013 fue de 325.000 dólares, según la CMHA, la agencia federal de vivienda. Se trata de un precio que está fuera del alcance de muchos canadienses.

Ante esta situación el Frente Popular de Acción Urbana (FRAPRU) decidió llevar a cabo este miércoles una manifestación en Montreal para bloquear el acceso a una sucursal del Royal Bank of Canada, una de las instituciones financieras más grandes en el país.

Para Denis Trepanier, miembro del Comité de Acción del barrio Park Extension en Montreal, el objetivo de esta manifestación fue de exigir un mayor financiamiento para la vivienda social.

El barrio montrealense de Park Extension se caracteriza por el alto nivel de inmigración entre su población y por los bajos ingresos per cápita.

Este organismo no gubernamental canadiense considera que el derecho a la vivienda es un derecho fundamental de todos los canadienses, sin importar sus ingresos, su género, su condición social, su origen étnico, su orientación sexual, condición física o mental. FRAPRU también sostiene que el derecho individual y colectivo a la vivienda debe prevalecer por encima del derecho a la propiedad.

Desde su perspectiva, el Estado debe desempeñar un papel central en la provisión de vivienda. Esto debido a que la empresa privada, que opera únicamente en la lógica de la ganancia, convierte a la vivienda en una mercancía como cualquier otra. Por esta razón, el sector privado no puede respetar el derecho a la vivienda y su acceso para todos.

FRAPRU considera que el Estado debe desarrollar prioritariamente el sector de la vivienda social y garantizar la presencia de un sector inmobiliario no especulativo fuerte. También debe controlar el mercado de la vivienda privada.

El Front d’action populaire en réaménagement urbain o Frente Popular de Acción Urbana estima que en la ciudad de Montreal hacen falta por lo menos unas 50.000 viviendas sociales.

Este organismo sostiene que el gobierno de la provincia de Quebec debe restablecer el impuesto sobre el capital aplicable a los bancos y otras instituciones financieras, lo que generaría ingresos adicionales de 600 millones de dólares por año. Según FRAPRU ese monto serviría para financiar por lo menos 7.000 viviendas sociales más cada año.

Para François Saillant, coordinador FRAPRU, las instituciones financieras deben proporcionar fondos necesarios para este tipo de inversiones: «En 2013, los seis mayores bancos canadienses lograron ganancias de más de 30.000 millones de dólares, de los cuales el Royal Bank de Canada embolsilló 8.400 millones de dólares. Ellos pueden y deben contribuir más en la lucha contra la pobreza y la mejora de los servicios públicos.”

Categorías: Inmigración y Refugiados, Política, Sociedad
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