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En Canadá piden cierre de un instituto dedicado al fomento de la explotación minera

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En Vancouver más de 1,000 personas, incluyendo profesores y estudiantes, además de varias organizaciones de la sociedad civil firmaron una carta a principios de enero en la que piden a una coalición de universidades canadienses el cierre de un instituto dedicado a estudiar y promover la explotación minera y petrolera, con sede en la Universidad de Columbia Británica.

Entre los firmantes figuran defensores del medioambiente como David Suzuki y la autora y crítica del neoliberalismo, Naomi Klein. La carta incluye personajes del exterior de Canadá, como Hugo Blanco, organizador comunitario del Perú y editor de Lucha Indígena; Alberto Acosta, economista y ex miembro de la Asamblea Constituyente de Ecuador y el periodista uruguayo Raúl Zibechi.

Dirigida a las autoridades de las universidades de Columbia Británica, la Simon Fraser y la Escuela Politécnica de la Universidad de Montreal, la petición cita como razones para el cierre del Instituto Internacional Canadiense para las Industrias Extractivas y el Desarrollo, CIRDI, la pérdida de la libertad académica, la representación parcializada y los conflictos de interés, la falta de credibilidad y confianza y la falta de rendición de cuentas.

Según los firmantes estas son razones suficientes como para retirarse del acuerdo con el gobierno federal.

Para saber más sobre esta petición, Rufo Valencia, de Radio Canadá Internacional, pudo conversar con uno de los organizadores de la petición, Samuel Stime, miembro de la comunidad universitaria de la Universidad de Columbia Británica.

Los firmantes tampoco quieren que sus universidades tengan vínculos con una industria que es “rechazada por muchas comunidades en Canadá y en todo el mundo debido a su impacto destructivo en sus vidas y en el medio ambiente.”

Este Instituto Internacional Canadiense para las Industrias Extractivas y el Desarrollo tiene sus orígenes en la Oficina del Primer Ministro Stephen Harper. En 2013 tres universidades firmaron un acuerdo con el gobierno federal para poner en funcionamiento un instituto encargado de intervenir en otros países llamados “en vías de desarrollo” en la elaboración de sus políticas, leyes, reglamentos, implementación, capacitación, asistencia técnica e investigación aplicada a sus sectores extractivos.

El CIRDI recibe cerca de 25 millones de dólares de parte del gobierno federal. A esto se suman otros 21 millones más de las tres universidades y socios estratégicos.

Una de las flagrantes contradicciones en el mandato del CIRDI es que los sectores extractivos en los llamados de los países en desarrollo están compuestos en su mayoría por empresas transnacionales con sede en Canadá.

Las comunidades indígenas y no indígenas, además de las organizaciones de base que se solidarizan con los damnificados a causa de los proyectos extractivos, han estado pidiendo desde hace tiempo que se ponga fin a la impunidad de que gozan las empresas canadienses de explotación de recursos naturales en el extranjero.

Esas organizaciones también demandan que se inscriba en la legislación canadiense mecanismos de rendición de cuentas para que las empresas sean responsables ante los tribunales canadienses por los abusos cometidos en el extranjero.

La carta afirma que un instituto debe más bien rendir cuentas a las comunidades afectadas por los proyectos extractivos, y hacer hincapié en su derecho a dar un consentimiento previo, libre e informado que incluye el derecho a legislar en contra o rechazar directamente un proyecto extractivo dado.

El problema que más bien debería ser tratado por un instituto de investigación es la responsabilidad que tiene Canadá en los conflictos debido a la explotación de recursos naturales, tanto en el país como en el extranjero, y la falta de rendición de cuentas de parte de las empresas canadienses acusadas de cometer abusos en el extranjero, sostienen los firmantes de la solicitud de disolución del CIRDI.

Categorías: Economía, Internacional, Medioambiente y vida animal, Sociedad
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