El nuevo gobierno en Argentina, encabezado por Mauricio Macri anunció este miércoles la creación de un nuevo ente regulador de medios audiovisuales y las comunicaciones en ese país, tras un duro enfrentamiento con funcionarios estatales que se negaban a acatar una intervención dispuesta por el nuevo Gobierno.
El organismo denominado «Ente Nacional de Comunicaciones», englobará las funciones de los anteriores reguladores, que eran la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC), que dejarán de existir a partir del próximo lunes.
Para saber más sobre lo que está ocurriendo en Argentina, Radio Canadá Internacional pudo conversar con Ari Lijalad, periodista de investigación en Radio Nacional y docente de periodismo de investigación en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Lijalad también participó en la realización de una serie documental de radio junto con RCI sobre música e identidad en Argentina y Canadá.
Para Martín Sabbatella, responsable de AFSCA, la medida dispuesta por el gobierno de Macri es «una locura» y una ataque a «las instituciones democráticas y la libertad ciudadana, como en las peores épocas de nuestra historia».
Justificando esa medida, el jefe de Gabinete Marcos Peña declaró que «hoy se termina la guerra del Estado contra el periodismo y comienza una política pública de comunicaciones del siglo XXI», añadiendo que «para el Estado, no hay medios enemigos ni medios amigos».
La medida será instrumentada mediante la aplicación de un Decreto de Necesidad y Urgencia y luego se modificará la Ley de Medios en el Congreso, dijo el funcionario.
La semana pasada, un juez ordenó el allanamiento del principal regulador de medios y el desalojo de los funcionarios tras una denuncia por abuso de autoridad contra el ex jefe del AFSCA, quien se negó a acatar tal intervención, explicando que su mandato finaliza en 2017.
Esta decisión se suma a una serie de controvertidas medidas anunciadas por el nuevo gobierno, incluyendo el nombramiento de Laura Alonso, ex-diputada macrista, como responsable de la Oficina Anti-corrupción, para lo cual se eliminó el requisito de una formación como abogado, título que ella no posee.
Otra polémica causó el nombramiento de María Eugenia Talerico, ex-abogada del Banco HSBC en casos de lavado de dinero, como integrante de la Unidad de Información Financiera dedicada a la lucha contra la evasión fiscal.
Otros dos decretos publicados el martes suspenden dos leyes del Congreso relacionadas con la justicia, en medio de las presiones para que renuncie la titular de la Procuración General, Alejandra Gils Carbó, pese a que su cargo es vitalicio y fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento.
Un decreto traspasa a la Corte Suprema las escuchas judiciales, que habían sido transferidas por ley en 2015 de la jurisdicción de la Secretaría de Inteligencia a la de la Procuración General de la Nación, encabezada por Gils Carbó. Otra norma posterga la aplicación del nuevo Código Procesal Penal que debía entrar en vigor el 1 de marzo.
Entretanto, ya se han producido una serie de manifestaciones de parte de la población contra las medidas de corte neoliberal del nuevo gobierno argentino, entre ellas, una marcha de empleados públicos en defensa de sus fuentes de trabajo.
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