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Fin de auditoría a organismos de beneficencia canadienses no sorprende al CCCI

El gobierno liberal de Justin Trudeau pondrá fin a las auditorías sobre las actividades políticas de las organizaciones benéficas, una medida impuesta por los conservadores que había sido criticada en su momento por las organizaciones no gubernamentales, entre ellas, por el CCCI. Esta resolución del gobierno es lógica, indica Julia Sánchez, directora general del Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional.

Julia Sánchez, directora general del Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional © Interpares
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Auditorías

Para nosotros no fue una sorpresa, ya lo sabíamos antes que se hicieran las auditorías. Por ejemplo hay una regla no legal pero de práctica en Canadá, de que las organizaciones de beneficencia deben limitar su trabajo de cabildeo al 10 % de sus recursos anuales. Nosotros sabíamos que las organizaciones nunca llegan a ese nivel. El propio monitoreo que hacen las mismas organizaciones políticas, nos indica que los promedios están por el 4, 5%.

Las organizaciones que cuentan con el estatus de caritativas en Canadá pueden utilizar un máximo del 10 por ciento de sus recursos para toda actividad política. Es una ley. Las directivas establecen que no pueden hacer actividad partidista. Por muchos años esta norma ha sido interpretada como que un grupo  puede manifestar su oposición a una política de Estado, pero no puede dar apoyo a un candidato en una elección, por ejemplo.

El anterior gobierno conservador, que había impuesto esas auditorías, rechazó la acusación de que habían tomado como blanco a determinadas organizaciones de caridad.  Y señaló que no hubo ninguna injerencia de su parte en los asuntos de la Agencia de Ingresos de Canadá respecto al trabajo que ésta tenía que realizar. Son los propios auditores los que determinan si investigan o no una organización benéfica.

Y la Agencia de Ingresos de Canadá, encargada de administrar las leyes impositivas, llevó a cabo extensas auditorías sobre las organizaciones de caridad para determinar si cumplían con las reglas que ponen un límite a las actividades políticas.

Si la entidad estatal llegaba a dictaminar que ellas llevaron a cabo tareas políticas,  su estatus de organismo caritativo podría ser revocado.

El ejercicio, en aquel momento, fue recibido con ansiedad por organizaciones benéficas que temían los cortes de presupuesto si eran críticos con el gobierno conservador. La primera ola de verificaciones apuntaba principalmente a  grupos ambientales, pero también a grupos de lucha contra la pobreza, la protección de los derechos humanos y organismos de caridad religiosos.

La ARC nunca reveló la identidad de los grupos sujetos a una auditoría sobre sus actividades políticas, pero investigaciones de la red pública  CBC habían identificado sobre todo a  Équiterre, a la Fundación David Suzuki, a Amnistía Internacional Canadá, a Kairos y a Canadá sin pobreza.

Críticas a políticas gubernamentales

La motivación del gobierno conservador de Stephen Harper probablemente estaba ligada a un interés de enviar un mensaje  claro a la sociedad civil, a los grupos de beneficencia, de no incurrir en el área de trabajo que tiene que ver con críticas a políticas, con el trabajo de cabildeo que nosotros consideramos que es una rol legítimo de la sociedad civil, pero que el gobierno anterior tenía mucho interés en restringir o eliminar en su totalidad, sobre todo cuando era un cabildeo crítico de las políticas del gobierno.  

Actividad política y estatus de organización caritativa

La definición de “actividad política” está lejos de ser clara. El gobierno  de  Justin Trudeau promete “modernizar las normas que rigen los sectores de las organizaciones benéficas “, incluyendo “aclarar” las normas que rigen la actividad política.

Hay un límite de 10%, que no es un límite legal, es una interpretación de la ley que se ha hecho, que ha establecido esa práctica del 10%. Hay muchos en nuestro sector, incluyendo a abogados que se dedican al sector de beneficencia, que están cuestionando la constitucionalidad de ese límite.  Cuestionando porqué los grupos de beneficencia no deben jugar un rol más activo en el discurso público y político en el país sobre temas que les incumben. Esperamos ser parte de las discusiones con este gobierno sobre cómo modernizar esas reglas. Estamos totalmente de acuerdo en que hay que modernizar esas reglas, tenemos un sistema muy antiguo en Canadá y países comparables a Canadá hace mucho que han modernizado su manera de monitorear a las organizaciones de beneficencia.

Transparencia

Julia Sánchez no oculta su satisfacción con  las políticas que está implementando el nuevo gobierno y destaca que muchas cosas interesantes están ocurriendo a ese respecto.

Es importante notar que por primera vez en la historia de Canadá, las cartas de mandato que el primer ministro le da a cada ministro de cartera con las instrucciones de lo que  debe priorizar ese ministro en su mandato, han sido hechas públicas. Todo el mundo tiene acceso a su lectura. Eso es sumamente interesante. Y en esas cartas todos los ministros sin excepción tienen la prioridad de involucrar a los grupos que trabajan en temas anexos a su mandato  en los procesos de elaboración y renovación de políticas  y del trabajo que va a hacer el ministerio.

Esto y más en la entrevista a Julia Sánchez, directora general del Consejo Canadiense para la Cooperación Internacional, una coalición de organismos civiles que trabajan a escala internacional en favor del desarrollo humano.

Categorías: Política, Sociedad
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