Unos 200 indígenas canadiense se reunieron en Toronto este martes para denunciar las adopciones que ocurrieron en los años 60 en Canadá, llamadas en inglés como The Sixties Scoop, o el Cucharonazo de los años sesenta, en la provincia de Ontario.
Ese fue un período que duró casi 20 años a partir de la década de 1960 en la cual los niños indígenas fueron sacados de sus comunidades y adoptados por familias no indígenas.
Los sobrevivientes del Cucharonazo de los 60 se manifestaron fuera de una corte de justicia en el centro de Toronto en la mañana del martes, antes de que se lleve a cabo una audiencia sobre una demanda colectiva, denunciando las secuelas de aquella práctica.
Los abogados de los demandantes pidieron un juicio sumario en la batalla legal que comenzó hace siete años. La audiencia sobre la demanda fue postergada hasta el 1 de diciembre. Esto a menos que el gobierno federal llegue a un acuerdo con los sobrevivientes de las adopciones de los años sesenta en la provincia de Ontario.
La demanda se basa en un acuerdo federal-provincial, ahora llamado The Sixties Scoop, o el Cucharonazo de los años sesenta, que fue un período entre 1965 y 1984 en el cual los servicios de bienestar infantil de la provincia de Ontario colocaron en adopción hasta 16.000 niños indígenas en el seno de familias no indígenas.
La demanda alega que los niños sufrieron una devastadora pérdida de la identidad cultural, una identidad que Canadá no protegió por negligencia. Los indígenas reclaman a Ottawa una indemnización de 85.000 dólares por cada persona afectada, lo que eleva el monto de la reparación a los 1.300 millones de dólares por diversos daños.
La indígena Marcia Brown Martel, de la Primera Nación de la Casa del Castor, es la representante de la parte demandante en el caso en Ontario. Ella explicó que el Cucharonazo de los años sesenta le robó su identidad cultural.
«Realmente es muy triste para mí no poder hablarle a mi madre en su propio idioma, tener una conversación con ella, no poder hablar con mi abuela que tenía tanto conocimiento. Esa es la profunda pena que tengo.»
Marcia Brown Martel
Martel, quien ahora es la jefa de la Primera Nación de la Casa del Castor, ubicada cerca del lago Kirkland, en Ontario, fue arrancada de su comunidad en su infancia por funcionarios del Departamento de bienestar infantil para ser adoptada por una familia no indígena.
Ella dijo que se necesita más que una demanda para poder ayudar a los indígenas a recuperarse de las secuelas de las adopciones de los años sesenta.
«Las personas que están aquí, que deberían poder hablar su lengua, deberían entender y tener el conocimiento de su cultura y tradición, no sólo como un conocimiento, sino como una forma de vida. Esa cultura y tradición que es parte integral de ser un ser humano en este planeta «, dijo la indígena Marcia Brown Martel.
Para Thomas Norton, la manifestación en Toronto fue un momento especialmente conmovedor, porque conoció a su hermana Karen Rae por primera vez. Ella fue arrancada a la casa de sus padres en la Primera Nación Sagueen antes del nacimiento de su hermano Thomas Norton.
Angela Ashawasegai, otra sobreviviente del Cucharonazo de los años sesenta que participó en la manifestación frente a la corte, dijo que ese día importante también trae recuerdos dolorosos.
«Perdí mi cultura y perdí a mi familia. A pesar de que he vuelto a reunirme con ellos, todavía tengo una sensación de desconexión. Me fue muy difícil sentir que encajaba en mi propia cultura. Y tener un día como este es muy significativo.»
Angela Ashawasegai
Ella recordó los abusos que sufrió en la casa donde fue adoptada y cómo ella se encontraba «básicamente en modo de supervivencia.»
«Me trataron como a un peón. Me abusaron. Yo no podía hacer nada bien», dijo Angela Ashawasegai, añadiendo que fue gritoneada y abusada físicamente. «Me llamaron squaw, me dijeron muchas cosas racistas.», recuerda la indígena canadiense Angela Ashawasegai.
La primera ministra de Ontario, Kathleen Wynne, dijo el martes que el gobierno provincial tiene que establecer el impacto del Cucharonazo de los años sesenta entre los pueblos indígenas de la provincia.
De acuerdo a la demanda, los niños arrancados a sus familias sufrieron daño emocional, psicológico y espiritual debido a que perdieron contacto con su herencia cultural indígena.
Jeffery Wilson, quien es el abogado de los demandantes, dijo que este caso es único en el mundo occidental ya que establecerá si un gobierno nacional tiene o no la obligación de proteger y preservar la identidad cultural de los pueblos indígenas en su territorio.
Canadá, bajo el gobierno previo del conservador Stephen Harper, solicitó a las Cortes que rechacen la demanda argumentando que es frívola. Ottawa señaló que había actuado en el mejor interés de los niños y dentro de las normas sociales de la época. Sin embargo, un tribunal dictaminó en diciembre de 2014 que los demandantes merecían tener la oportunidad de presentar los argumentos de su demanda ante un tribunal.
«Es difícil ver un interés específico que pudiera ser de más importancia para los pueblos indígenas que la conexión esencial de cada persona con su herencia cultural indígena», estableció el panel de tres jueces.
A principios de marzo, las cortes determinaron que la demanda debería ser atendida por las autoridades de justicia a partir del 23 de agosto. Sin embargo, para sorpresa y pesar de los demandantes, el gobierno canadiense solicitó a fines del mes pasado una postergación, argumentando que necesitaba más tiempo para conseguir expertos que puedan invalidar las reivindicaciones indígenas.
Las cortes rechazaron ese pedido de Ottawa.
Dada la posibilidad de más retrasos y apelaciones por parte del Gobierno canadiense, los demandantes aceptaron que se lleve a cabo una audiencia de un día. A cambio, el gobierno ha presentado miles de documentos, pero tiene hasta noviembre para presentar la prueba pericial. La audiencia está programada para llevarse a cabo por dos días a partir del 1 de diciembre.
Wilson dijo que esperaba que este lapso permitirá buscar una solución negociada, algo que el gobierno liberal parece favorecer. La ministra federal de Asuntos Indígenas, Carolyn Bennett, declaró que le gustaría que la solución a este caso sea discutida en una mesa en lugar de los tribunales.
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