Las autoridades de La Habana suspendieron desde septiembre y temporalmente la emisión de licencias para el funcionamiento de nuevos restaurantes privados, conocidos localmente como “paladares”.
«Esta medida es temporal y estará vigente mientras se realice el proceso de fiscalización de servicios que se ejecutan en estos momento», dijo la vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial de La Habana, Isabel Hamze, en un video en el sitio web estatal Cubadebate.
«Nosotros reconocemos la importancia que tienen para la ciudad estos negocios y el Gobierno quiere que sean exitosos, pero dentro del marco de la legalidad», agregó.
Desde que las autoridades cubanas establecieron las normas para el funcionamiento de las empresas privadas hace seis años, los restaurantes han florecido, especialmente en la capital donde los ingresos son más altos y hay un creciente flujo de turistas que demandan mejores menús y servicios que los que ofrece la mayor parte de los establecimientos manejados por el Estado.
En La Habana abrieron sus puertas cientos de restaurantes privados, y más de 1.700 ofrecen sus servicios a lo largo del país.
Isabel Hamze informó que el gobierno de La Habana se reunió con 129 propietarios de restaurantes para discutir las violaciones a la regulación: como la compra de bienes en el mercado negro, su uso como clubes o discotecas, la tolerancia con la prostitución y la evasión de impuestos.
Otras violaciones mencionadas incluyeron el contrato de artistas fuera de los canales oficiales, permanecer abiertos después de las 3 de la mañana, molestar a los vecinos, ser fuentes dudosas de capital y compras ilegales de edificios.
Hamze dijo que en el diálogo les explicó a los propietarios la necesidad de realizar inspecciones.
Algunos dueños de paladares señalaron que una excesiva carga impositiva y la norma que establece que sólo pueden tener un máximo de 50 asientos en sus restaurantes hacen que les sea difícil cumplir con la ley y mantenerse a flote.
Su mayor queja es que deben comprar sus insumos en mercados y negocios del Estado, frecuentemente con sobreprecios, a diferencia de sus competidores administrados por el Estado que tienen acceso a mercados mayoristas y no tienen restricciones de capacidad.
La fiscalización de los pequeños negocios en Cuba no es nueva. Por un lado el Gobierno alienta los negocios privados pero por otro busca evitar que se conviertan en fuentes de desigualdad social.
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