Brasil vivió este domingo una nueva jornada de protestas antigubernamentales. La causa de la movilización es un polémico proyecto de ley contra la corrupción, que debe de ser aprobado por el Senado.
Cansados de los escándalos de corrupción que desde hace meses carcome la administración de la primera economía en América del Sur, decenas de miles de brasileños protestaron hoy en las principales ciudades del país para exigir medidas que pongan fin a esta situación y para defender las investigaciones en curso, que estarían amenazadas por el Gobierno.
A este clima de insatisfacción general se suman las recientes detenciones de figuras del mundo político, como los dos últimos gobernadores del Estado de Río de Janeiro.
Brasil, el quinto país más grande del mundo y con una población de más de 200 millones de habitantes atraviesa una crisis tanto en lo político como en el área económica.
Radio Canadá Internacional pudo conversar con el profesor Giuseppe Cocco, de la Universidad Federal de Rio de Janeiro, para identificar algunos de los signos de esta crisis que azota al gigante sudamericano.
La conversación se llevó a cabo al día siguiente de la caída del avión que trasladaba al equipo brasileño del Chapecoense, que tenía que disputar el miércoles la final de la Copa Sudamericana ante el colombiano Atlético Nacional. Unas 75 personas murieron y seis fueron rescatadas con vida tras estrellarse la nave cerca de Medellín la noche del lunes pasado.
Este domingo 4 de diciembre, el presidente de Transparencia Internacional (TI), José Ugaz declaró que algunos legisladores y políticos brasileños están buscando garantizar la impunidad para los investigados y condenados por el escándalo de los presuntos sobornos de la petrolera estatal Petrobras, el caso conocido como Lava Jato.
Las declaraciones de Ugaz se produjeron después de que el grupo de fiscales brasileños que investiga el caso Lava Jato amenazaron con renunciar en bloque si se aprobaba una ley que permite acusar a jueces y procuradores de abuso de autoridad en casos de corrupción.
Los fiscales temen que los cambios legislativos terminen echando por tierra este caso, por el que, hasta el momento, se han pronunciado sentencias contra 118 personas, condenadas a un total de 1.256 años de cárcel, y se investiga, al menos, a medio centenar de legisladores.
De acuerdo a Ugaz los cambios legislativos buscan «garantizar impunidad a los políticos implicados en corrupción a través de una fórmula de amnistía».
RCI/AFP/Reuters
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