El presidente del Gobierno español, el derechista Mariano Rajoy, reunirá el sábado a su consejo de ministros en sesión extraordinaria para iniciar los trámites que llevarían a una intervención de la autonomía catalana prevista en la Constitución.
“El Gobierno de España continuará con los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución para restaurar la legalidad en el autogobierno de Cataluña”, dijo el Gobierno central en un comunicado.
Esas medidas incluyen la suspensión de competencias autonómicas en Cataluña y la sustitución de cargos públicos.
El anuncio se produjo minutos después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, advirtió que si Madrid opta por el artículo 155, el Parlamento regional votará en favor de una declaración formal de independencia.
“Si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar con la represión, el Parlament de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de independencia que no votó el 10 de octubre”, dijo Puigdemont.
En una carta enviada a Rajoy, a diez minutos de cumplirse un ultimátum para que aclare si fue proclamada o no la independencia y para que “se restaure el orden constitucional alterado”.
En la misiva, Puigdemont reconoció implícitamente que no se había declarado formalmente la secesión.
“El Gobierno de España ha constatado a las 10 horas de esta mañana (…) la negativa del presidente de la Generalitat de Cataluña a atender el requerimiento (…)”, dijo el comunicado del Gobierno central.
Por su parte, Puigdemont acusó a Rajoy en su misiva de negarse al diálogo y no revertir las medidas de represión, condenando el encarcelamiento de los líderes de dos organizaciones sociales independentistas.
“En mi carta del lunes le propuse celebrar una reunión que todavía no ha sido atendida (…) la represión se ha incrementado”, escribió Puigdemont, recordando que “la decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del Estado”.
“Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no es consciente del problema y que no se quiere hablar”, dijo adelantándose a la respuesta del Gobierno.
El Gobierno central, por su parte, aseguró que las medidas que aprobará el sábado y que deberán posteriormente ser refrendadas en el Senado, estarán consensuadas con distintas formaciones políticas y buscan “proteger el interés general de los españoles y restaurar el orden constitucional”.
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