El acuerdo de paz firmado entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) disminuyó el número de muertes, ataques y combates, pero el conflicto armado continúa en varias zonas del país en donde otro grupo rebelde y grupos paramilitares se disputan por el control de los territorios abandonados por esa guerrilla, informó este miércoles el organismo internacional de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional.
El presidente Juan Manuel Santos y las antiguas FARC firmaron hace un año un acuerdo para acabar con una violenta guerra civil que en más de medio siglo dejó unos 220.000 muertos y al menos siete millones de colombianos desplazados.
Sin embargo, el rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos ilegales armados a los que el Gobierno califica como bandas criminales, pero que para Amnistía Internacional son grupos paramilitares, se disputan el control de varias regiones de Colombia, afectando los derechos humanos de la población civil mediante asesinatos, amenazas y desplazamientos.
“Aunque haya disminuido el número de muertes de civiles desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, el conflicto armado sigue siendo en gran medida una realidad para millones de personas en todo el país”, dijo el secretario general de Amnistía Internacional, Salil Shetty, al presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos en el país.
La antigua y poderosa guerrilla de las FARC abandonó las armas y más de 11.000 de sus miembros, incluyendo combatientes y simpatizantes, conformaron un nuevo partido político, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, para avanzar en un proceso de reintegración a la sociedad.
Aunque las FARC abandonaron extensas zonas selváticas y montañosas que controlaron por años, el Gobierno no las ocupó de inmediato. Esto permitió que fuerzas del rebelde Ejército de Liberación Nacional y bandas criminales como el Clan del Golfo y los Pelusos se lanzaran en una disputa por el control territorial de regiones estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal.
Amnistía Internacional denunció que los grupos paramilitares están operando en varias regiones del país con el apoyo de algunos efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras que alertó sobre la necesidad de que el Gobierno proteja a la población civil y cumpla lo acordado con las FARC para lograr una paz total y estable.
“Colombia se encuentra en una gran encrucijada. Si el Gobierno no aprovecha esta oportunidad para proteger a las comunidades que llevan tanto tiempo sufriendo el terror de los grupos armados, el futuro seguirá siendo sombrío”, concluyó Shetty.
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