El flamante gobierno de la ciudad de Montreal, presidido por la alcaldesa Valérie Plante, acaba de presentar su primer presupuesto, que incluye un aumento del impuesto inmobiliario, lo que ya ha dado lugar a numerosas críticas y expresiones de rechazo.
Pero, además, el programa de gastos e inversiones de la urbe incluye un aumento del 1 millón de dólares para destinarlo a la contratación de mayor número de inspectores, que deberán asegurarse de las condiciones de salubridad de los inmuebles de alquiler.
El tema de las condiciones en las que numerosos inquilinos se ven obligados a vivir en Montreal ha sido un tema de debate casi continuo, con eje en la salubridad, la preservación edilicia y la seguridad de los moradores.
Cuando el invierno se encuentra bien instalado, numerosas personas han denunciado problemas de filtraciones, aislamiento inadecuado, cañerías que se congelan y calefacciones que no funcionan, además de las consabidas plagas de roedores y cucarachas.
Parte del problema se debe a que una porción del parque inmobiliario de Montreal es viejo y las autoridades no han aplicado políticas coherentes y suficientemente fuertes para asegurar su renovación, según sostiene el Frente de Acción popular por la Reorganización Urbana (FRAPRU).
A pesar de contar con normas que dictan las condiciones mínimas que deben presentar las viviendas, muchas veces los propietarios hacen recaer sobre los hombros de los inquilinos el costo de las reparaciones y mejoras efectuadas y estos no siempre cuentan con el dinero suficiente para pagar su mensualidad, lo que da lugar a desalojos que podrían ser fácilmente evitables.
Hay casos en los que el mercado del arrendamiento se encuentra en manos de agentes que reúnen varios cientos de inmuebles, con su objetivo puesto en las ganancias que les pueda dar su negocio, y para quienes el bienestar de sus inquilinos no es un tema importante.
El aumento de 1millón de dólares, que se utilizará principalmente para elevar de 17 a 30 el número de inspectores, es insuficiente a la hora de hallar soluciones duraderas.
Entidades como el FRAPRU reclaman que el gobierno municipal favorezca la ampliación del número de viviendas sociales, que permiten acceder a un techo a familias que de otra manera no cuentan con el dinero suficiente para solventar a un derecho tan básico como la vivienda.
Émilie Joly, del FRAPRU, nos cuenta más detalles, en diálogo con Luis Laborda.
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