Miguel Mijangos, Libertad Díaz, Jen Moore, José Luis Abarca, Charis Kamphuis, Miguel Ángel de los Santos. Foto: Ben Powless

Embajada de Canadá en México en el banquillo de los acusados

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Hemos tenido muchas reuniones en Ottawa con funcionarios interesados en que se lleve a cabo una investigación sobre quienes estaban en aquel momento en la embajada canadiense. Dijeron que sí iban a investigar. Creemos que hay personas en Canadá que están en total desacuerdo con las empresas mineras de este tipo que están por encima de los intereses económicos de la vida de las personas.

– José Luis Abarca

El líder comunitario mexicana, Mariano Abarca, miembro fundador de la Red Mexicana de Mineros Afectados por la Minería, fue asesinado en 2009 por defender los derechos humanos y el medio ambiente en el pequeño pueblo de Chicomuselo, Chiapas, donde estaba activa la Blackfire Mining Company, con sede en Calgary, provincia de Alberta.

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Mariano Abarca, miembro fundador de la Red Mexicana de Mineros Afectados por la Minería, fue asesinado hace 8 años.

Nadie fue responsabilizado por el asesinato del líder mexicano.

Esta semana, José Luis Abarca, su hijo, junto a otros activistas, con el apoyo de organizaciones en México y Canadá, presentó en Ottawa una queja ante la Oficina del Comisionado de Integridad del Servicio Público de Canadá, solicitando formalmente una investigación sobre las acciones y omisiones de la Embajada que pusieron en peligro al Mariano Abarca y otros miembros de la comunidad.

Mi padre estaba preocupado por los daños que esta empresa minera estaba ocasionando a la comunidad, al medioambiente, y por desestabilizar la paz social dentro de las comunidades. La empresa minera formaba grupos de choque para que ellos pudieran extraer el mineral barita. Y mi padre comenzó a concientizar a las comunidades sobre cómo la empresa minera estaba ocasionando ese tipo de problemas sociales y ambientales.

Han pasado más de ocho años después del asesinato no resuelto de Mariano Abarca en el estado de Chiapas.

José Luis Abarca, quien ha establecido una fundación ambiental en nombre de su padre dice que la embajada le había ofrecido apoyo a la minera a pesar de conocer las protestas contra las violaciones de los derechos ambientales y de los derechos humanos cometidos por la empresa, que llevaron al asesinato de Abarca en 2009.

Muy respetado en su comunidad, el Sr. Abarca fue miembro fundador de la Red Mexicana de Mineros Afectados por la Minería. Antes de su asesinato, recibió amenazas e intimidación. Fue encarcelado sin cargos durante ocho días sobre la base de las denuncias formuladas por la empresa y para las cuales las autoridades no encontraron pruebas.

La información obtenida a través de una solicitud de acceso a la información demuestra que el apoyo de la Embajada de Canadá ha sido esencial para hacer operativa la mina Blackfire Barite y para posteriormente influir en los responsables para que repriman manifestaciones que denunciaban las consecuencias ambientales y sociales en Chiapas, en las cuales Mariano Abarca tuvo un papel destacado, señala Abarca.

Y agrega que esos documentos contenían mucha información.

Mencionaban sobre cómo funcionarios de la embajada canadiense apoyaron directamente a la empresa minera, la relación que tenían ambas, cómo se sentía apoyada la empresa minera con la diplomacia de la embajada. Y no solo eso. La organización Mining Watch logró obtener información de la relación entre la empresa minera y la embajada, a través del intercambio de correos. Hay pruebas. Todo está archivado. Y eso ayudó a identificar que la embajada canadiense tenía contacto con la empresa minera y con el gobierno mexicano.

Aunque la mina finalmente se cerró por razones ambientales, los documentos muestran que la embajada continuó brindando apoyo, incluido el asesoramiento a Blackfire sobre cómo procesar a México de conformidad con las disposiciones del TLCAN.

Un informe de 2016, que exploró la criminalización y la violencia en contextos de conflicto que involucran a empresas mineras canadienses en América Latina desde el año 2000 al 2015, demostró que México es uno de los lugares más peligrosos para los defensores de la tierra y el medio ambiente

Este mismo informe cita la violencia extraordinaria que ocurre en áreas donde operan minas de propiedad canadiense, como en Guerrero. Las comunidades afectadas han sido objeto de extorsión, desplazamiento forzado y de actos de  terrorismo por parte del crimen organizado y del Estado, a través de las fuerzas armadas, y ellas han denunciado la falta de protección.

José Luis Abarca

La delegación cuenta con el apoyo de MiningWatch Canada, el Fondo Humanitario Steelworkers, Common Frontiers, el Fondo de Justicia Social de la Alianza de Servicios Públicos de Canadá, el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE), el Consejo de Canadienses, el Comité Latinoamericano de Derechos Humanos, Inter Pares, KAIROS y la Coalición para el Control Internacional de las Libertades Civiles.

Los miembros de la delegación visitan Ottawa, Montreal y Toronto.

Esto y más en la entrevista que José Luis Abarca mantuvo con Radio Canadá Internacional.

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Publicado en: Justicia, Política

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