La Corte Suprema de Canadá ha dictaminado que los legisladores de Canadá no tienen el deber de consultar con los pueblos indígenas antes de introducir una legislación en el Parlamento que pueda afectar los derechos de los aborígenes y los tratados. (Adrian Wyld/Canadian Press)

Corte Suprema de Canadá dictamina que Ottawa no tiene obligación de consultar con los indígenas antes de redactar leyes

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Los legisladores de Canadá no tienen el deber de consultar con los indígenas antes de introducir una legislación que pueda afectar los derechos de los indígenas y tratados protegidos por la constitución, dictaminó la Corte Suprema

La decisión fue acogida con alivio por el gobierno federal, que ha argumentado que tal obligación sería demasiado onerosa y ralentizaría considerablemente el proceso legislativo.

En su decisión de 7-2, el tribunal supremo dictaminó en contra de la Primera Nación cree Mikisew  de la provincia de Alberta, que había argumentado que dos proyectos de ley ómnibus presupuestarios introducidos por el anterior gobierno federal conservador en 2012 afectaron sus derechos de tratado protegidos constitucionalmente porque enmendaron las protecciones reglamentarias para las vías navegables y el medio ambiente.

Esas enmiendas, argumentó la Primera Nación Mikisew, redujeron la supervisión gubernamental de tierras y aguas y, por lo tanto, amenazaron su derecho establecido a cazar, atrapar y pescar en su territorio tradicional. Estos derechos fueron garantizados por la Corona cuando firmó el Tratado 8 en 1899, y se consagraron como derechos constitucionales después de la aprobación de la Ley de la Constitución de 1982.

La Primera Nación argumentó que debería haber sido consultada por el gobierno antes de redactar la legislación y antes de que se presentara en el Parlamento.

Ella pidió al tribunal que extienda el deber existente de consultar las obligaciones, que hasta este momento solo se han aplicado a las acciones ejecutivas tomadas por el gabinete y los reguladores, al proceso de formulación de políticas.

El jefe Archie Waquan responde a la decisión de la Corte Suprema de Canadá sobre Courtoreille v. Canadá en Edmonton, Alberta, el jueves. La Corte Suprema de Canadá ha dictaminado que los legisladores de Canadá no tienen el deber de consultar con los pueblos indígenas antes de introducir una legislación en el Parlamento que pueda afectar los derechos de los aborígenes y los tratados. (Amber Bracken / Canadian Press)

La Nación Mikisew dice que continuará su lucha

La primera nación Mikisew Cree prometió continuar la batalla por los derechos del tratado a pesar de la decisión de la Corte Suprema

El fallo de la Corte Suprema que dice que los legisladores no tienen el deber de consultar con los pueblos indígenas antes de introducir una legislación que pueda afectar sus derechos de tratados no fue bien recibido por la Primera Nación Mikisew Cree en el norte de Alberta.

“Ha sido una larga lucha”, dijo el jefe Archie Waquan en una conferencia de prensa en un hotel del centro de Edmonton el jueves por la mañana.

“Estoy muy decepcionado, pero eso no significa que sea el final. Tenemos que continuar”.

Cuando la fe en un sistema de justicia se desvanece

El ex jefe Mikisew, Steve Courtoreille, dijo que, a pesar de la decisión, la lucha no ha terminado y que llevarán el caso fuera de las fronteras de Canadá si es necesario.

“Si no tienes fe en tu sistema de justicia, en tu país,  tienes que ir a algún lugar”, dijo.

“Creo que aquí no hay esperanza de que tengamos acuerdos y apoyo justos en este país”, dijo Courtoreille.

“Puede que ganemos pequeñas batallas, pero la gran batalla se avecina, va a ser enorme y no vamos a estar solos”.

El ex jefe de Mikisew, Steve Courtoreille, dice que se avecina una gran batalla. (David Thurton/CBC)

Cómo funcionan las consultas con las Primeras Naciones

Actualmente la Corona generalmente cumple con su obligación de consultar con las Primeras Naciones potencialmente afectadas por otros medios, a través de la Junta Nacional de Energía, por ejemplo, cuando un proyecto de recursos naturales podría infringir los derechos de los indígenas protegidos o a través de un equipo de consulta de la Corona.

Por ejemplo, antes de aprobar la expansión del gasoducto Trans Mountain, el gabinete tenía la obligación constitucional de consultar con los indígenas a lo largo del proceso. Ese trabajo serealizó a través de un equipo de consulta de la Corona.

En un fallo de septiembre, el Tribunal Federal de Apelaciones finalmente encontró que esos esfuerzos fueron insuficientes y anuló las aprobaciones del proyecto por parte del gabinete. Para poner nuevamente en movimiento el proyecto estancado, el gobierno liberal designó a un ex juez de la Corte Suprema para rehacer el trabajo de consulta.

Mikisew argumentó que tales esfuerzos de consulta debían realizarse antes de que se presente en el Parlamento cualquier proyecto de ley que pueda afectar sus derechos.

Ottawa argumentó que el enfoque amenazaría la supremacía parlamentaria y socavaría el papel del Parlamento, y la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, al someter las leyes que aún no han pasado a revisión judicial.

La mayoría de la Corte Suprema dictaminó que no existe un deber constitucional vinculante de consultar antes de que se apruebe una ley.

Siete jueces de la Corte Suprema concluyeron que no había obligación de consultar durante el proceso legislativo, pero no hubo unanimidad con las razones./La Presse canadienne/Sean Kilpatrick

“El deber de consultar no es adecuado para la acción legislativa. Rara vez es apropiado que los tribunales examinen el proceso de creación de leyes, que incluye el desarrollo de la legislación por parte de los ministros”, dijo el juez de la Corte Suprema Andromache Karakatsanis, quien escribió la opinión principal sobre este caso.

“La aplicación del deber de consultar la doctrina durante el proceso legislativo llevaría a una incursión judicial significativa en el funcionamiento de la legislatura”.

La Corte también planteó preocupaciones prácticas: mientras que los ministros del gabinete pueden consultar antes de la introducción de la legislación, los proyectos de ley pueden, y en ocasiones son enmendados por diputados y senadores en el Parlamento. Los proyectos de ley de miembros privados no enfrentarían las mismas obligaciones de consulta.

“En la larga cadena de eventos que contribuyen al desarrollo de la legislación, deshacer los pasos a los que se aplica el deber de consultar (porque son los ejecutivos) y las acciones que son inmunes (porque son parlamentarios) sería una tarea enormemente difícil”, agregó la corte.

El juez Malcolm Rowe, en su propia opinión, dijo que sería “altamente perturbador” para el trabajo del Parlamento aplicar el deber de consultar a las funciones legislativas.

“Invadiría el privilegio parlamentario. Implicaría a los tribunales supervisar los asuntos que siempre se han negado a hacer”, dijo Rowe. “Ofendería los principios constitucionales fundamentales y crearía problemas en lugar de resolverlos”.

‘Deber de actuar con honor’

La mayoría de los jueces dijo que los pueblos indígenas pueden buscar otros recursos, como acciones judiciales, si la legislación afecta sus derechos.

Y, sin embargo, aunque el tribunal dijo que no hay obligación de consultar durante el proceso legislativo, en una decisión de 5 a 4, el tribunal encontró que el gobierno aún tiene la obligación de actuar con honor y mantener el “honor de la Corona” al redactar una legislación que podría afectar a los indígenas.

Los derechos de los aborígenes y los tratados están protegidos por la Sección 35 de la Constitución.

El tribunal no especificó cómo un gobierno cumpliría con su deber de actuar “honorablemente”, allanando el camino a futuros desafíos legales para definir las consideraciones prácticas de este principio legal de larga data.

La jueza Rosalie Abella no estuvo de acuerdo con el fallo del deber de consultar.

Ella dijo que el honor de la Corona “infunde la totalidad de la relación del gobierno con los Pueblos Indígenas” y, por lo tanto, el deber de consultar “debe aplicarse a todos los ejercicios de autoridad … esto incluye, en mi opinión, la promulgación de leyes”. (La jueza Sheilah Martin estuvo de acuerdo con las razones de Abella.

Una oportunidad perdida

Robert Janes, el abogado que representa a la nación Mikisew, dijo que sus clientes estaban decepcionados por el fallo del tribunal, y agregó que dañó los esfuerzos de reconciliación con los pueblos originarios del país.

“La falta de consulta sobre los proyectos de ley del presupuesto conservador condujo a malas leyes, que resultaron en fallas como el proyecto de expansión Trans Mountain y una protección ambiental más débil para todos los canadienses”, dijo Janes.

El jefe Mikisew, Archie Waquan, dijo que una decisión a favor de la Primera Nación habría asegurado a los pueblos indígenas un lugar en la mesa cuando el gobierno esté elaborando una legislación.

“Mikisew y otras Primeras Naciones tienen valiosos conocimientos, leyes y experiencia para contribuir”, dijo. “La Corona ha dicho que podrían y que consultarían y les haremos cumplir esa promesa”.

Más tarde, en una conferencia de prensa con reporteros en Edmonton, Waquan dijo que el resultado no es lo que su gente estaba esperando después de una “lucha difícil”.

“Estoy aquí con el corazón pesado, pero no estoy diciendo que esto sea el final. Tenemos que continuar. No nos vamos a recostar y decir: ‘Oye, lo perdimos y renunciamos'”. Esa no es nuestra forma de vida “, dijo.

“Lo que queremos es asegurarnos de que somos parte del mosaico canadiense. Para las personas que escuchan: dénos la oportunidad de ser parte de su sociedad. Déjenos beneficiarnos a su lado. Caminemos hombro con hombro, mano con mano”.

Katherine Hensel, abogada especialista en derechos indígenas

Katherine Hensel, una destacada abogada de derechos indígenas, dijo que el fallo del tribunal fue una gran decepción, ya que significa que las Primeras Naciones, los Métis y los Inuit continuarán confiando en los tribunales, a menudo a través de un proceso largo y costoso, para impugnar las leyes. Ella dijo que un fallo favorable a Mikisew habría permitido a los indígenas abordar las violaciones potenciales de los derechos de manera proactiva con los legisladores.

“Creo que es una oportunidad perdida. Significa que los pueblos y comunidades indígenas continuarán siendo excluidos de la toma de decisiones que afecte materialmente sus intereses con respecto a la creación de leyes”, dijo en una entrevista. “Ellos tienen que buscar cuando se violen las leyes, lo que no es realmente un compromiso constructivo.

“Si se lo consulta durante el proceso legislativo, puede asegurarse de que sus derechos e intereses constitucionales estén protegidos y que no haya necesidad de anular una ley después del hecho”.

Además, en un fallo unánime, el máximo tribunal dijo que el Tribunal Federal, que inicialmente se puso del lado de Mikisew, no tenía jurisdicción para decidir sobre actividades parlamentarias o sobre un proyecto de ley que aún no se había promulgado.

El tribunal dijo que el proceso legislativo no debería estar sujeto a revisión judicial. El Tribunal Federal tiene jurisdicción para revisar las decisiones de las juntas, comisiones y tribunales federales, pero no el trabajo de la Cámara de los Comunes o el Senado, sostuvo el tribunal.

Después de que el antiguo gobierno conservador presentó su proyecto de ley de presupuesto general para 2012 (la Ley de empleo, crecimiento y prosperidad a largo plazo), una legislación que modificó drásticamente la Ley de Aguas Navegables y revisó la Ley de Evaluación Ambiental de Canadá, Mikisew buscó un recurso legal de Corte federal.

El Tribunal Federal hizo lugar al pedido y dijo que, de hecho, había un deber de consultar durante el proceso legislativo en sí.

Ottawa apeló. En diciembre de 2016, el Tribunal Federal de Apelaciones encontró que el tribunal inferior había cometido un error y anuló su fallo, diciendo que cuando un ministro desarrolla una política está actuando en una capacidad legislativa y esas acciones son inmunes a la revisión judicial. La apelación de Mikisew de esa decisión fue desestimada el jueves por el tribunal superior.

La nación Mikisew acudirá a organismos internacionales

El abogado principal, Robert Janes, dice que los Mikisew llevarán su caso a organismos internacionales como las Naciones Unidas. (CBC)

El abogado Robert Janes explicó a dónde se dirigirá Mikisew.

“Hemos visto cómo la presión política llevó al gobierno a firmar la declaración de derechos de los pueblos indígenas de la ONU, que en realidad establece específicamente que una de las obligaciones del gobierno es consultar con las Primeras Naciones sobre la legislación que podría afectar sus derechos”, dijo Janes.

“Hay una lista de organismos internacionales que tienen poder legal internacional real, pero también poder moral, para ver lo que está haciendo el gobierno canadiense para cumplir con los compromisos, los compromisos internacionales que ha asumido y con los que se ha comprometido públicamente”.

CBC-John Paul Tasker/Presse canadienne/Ottawa Citizen

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