Cuatro trabajadores de origen filipino denunciaron ante un tribunal de Nueva Escocia que su empleador los sometía a largas horas de trabajo, a cambio de una paga mínima.
Las personas sostuvieron que se vieron obligadas a obedecer las condiciones de trabajo que se les impuso, ante el temor de ser deportadas.
Héctor Mantolino, un hombre de negocios de la provincia del este canadiense, se declaró culpable en diciembre último del cargo de tergiversación, bajo los criterios establecidos por el Acta de Protección de la Inmigración y el Refugio, que prohíbe suministrar información falsa o distorsionada a las autoridades federales.
Jason Santa Juana, otro de los denunciantes. THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan
Uno de los denunciantes, Joan Borromeo, sostuvo que su empleador le pagó un monto menor al pautado, que era de 9,20 dólares por hora de trabajo.
Mantolino es propietario de una agencia de limpieza y le cobró al trabajador varios cargos por permisos laborales, incluyendo 2.500 dólares para una aplicación de residencia permanente y otros 1.000 dólares que el empresario había prometido devolver, pero que nunca fueron reintegrados al trabajador.
Borromeo, de 38 años de edad, describió ante los magistrados cómo él y su esposa se habían visto afectados por las maniobras del hombre de negocios. La situación no sólo dejó a la pareja en una situación financiera difícil, sino que le produjo estrés y depresión emocional, por los abusos padecidos.
El tribunal cuenta con gran cantidad de documentación relacionada con el caso. THE CANADIAN PRESS/Andrew Vaughan
De acuerdo a una declaración conjunta presentada ante el tribunal, Mantolino contrató a 28 trabajadores extranjeros, estipulando un salario que sabía que nunca les pagaría.
De hecho, la paga recibida por los trabajadores fue inferior a la que figuraba tanto en los contratos como en los permisos laborales respectivos.
La justicia determinó que el empresario retuvo al menos 500.000 dólares respecto a los montos de paga que había comprometido.
La Corte Suprema de Nueva Escocia postergó hasta enero próximo la audiencia final sobre el caso, cuando se conocerá el fallo y la sentencia que podría ser aplicada al hombre de negocios, por los cargos de incumplimiento de contrato, violación de leyes laborales, intento de estafa y abusos.
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