Las solicitudes de asilo en Europa retornaron a su nivel anterior a la crisis, con casi 635.000 casos, según un informe de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA).
La entidad sostuvo, además, que las posibilidades de obtener asilo en el Viejo Continente se redujeron considerablemente.
Un total de 634.700 personas solicitaron ese estatus el año pasado, lo que implica una baja de 10% con respecto a los datos correspondientes a 2017.
El documento, difundido esta semana, sostiene que se trata del «tercer año de declive tras el flujo sin precedentes vinculado a la crisis migratoria de 2015″
Una bienvenida que no siempre llega a cristalizar. REUTERS/Regis Duvignau.
En 2014, antes que se produjera la llegada en masa de migrantes a Europa, se habían registrado 641.000 pedidos de asilo.
Entre los principales solicitantes se ubican los sirios con 74.800 casos, seguidos por los afganos con 45.300 y los iraquíes con 42.100.
Esas tres nacionalidades representaron una cuarta parte de las presentaciones totales en 2018.
En lo que se refiere a otros orígenes, los venezolanos registraron un fuerte aumento en las demandas de asilo, que se duplicaron, totalizando 22.200.
La llegada en masa de migrantes, en los últimos años, puso a prueba a las autoridades europeas. REUTERS/Antonio Parrinello.
Por su parte, los iraníes presentaron 25.400 solicitudes, con un fuerte aumento en la segunda mitad del año. Según el organismo responsable del relevamiento, ese aumento se explica principalmente por la suspensión de la obligación de visado concedida entre septiembre de 2017 y octubre de 2018 por Serbia, que muchos aprovecharon como puerta de entrada hacia la Unión Europea.
En total, los países europeos concedieron asilo al 34% de los solicitantes de primera instancia, entre los que hay que contar a los refugiados, lo que supone una disminución de 6 puntos en comparación con 2017.
Las posibilidades de obtener asilo también pueden variar enormemente dependiendo del país en el que la persona presente su solicitud.
Por último, la OEAA destaca la disminución del 40% en el número de decisiones dictadas el año pasado, que fueron de 593.500 en total.
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