Ontario asumió una postura alarmista en su oposición a la propuesta del gobierno federal de imponer una tasa sobre las emisiones de carbono, sostuvo un testimonio brindado ante el principal tribunal provincial.
Las autoridades de Ontario habían criticado la iniciativa sosteniendo que la administración federal llegará a tener tanto poder que llegará a decidir cuándo la gente podrá conducir sus vehículos o dónde debe vivir.
Sharlene Telles-Langdon, abogada del Consejo General del ministerio de Justicia de Canadá, dijo al tribunal que la iniciativa tiene como objetivo cambiar los hábitos de las personas, para luchar contra la catástrofe potencial que significa el calentamiento global causado por la polución, y que esta no respeta fronteras provinciales.
En su exposición, la abogada sostuvo que el cambio climático es una cuestión que excede las problemáticas provinciales y que requiere una medida a nivel nacional.
El impuesto tendrá un efecto directo sobre el precio final del combustible. Foto: iStock.
El asunto se constituyó en una cuestión de debate sobre la validez constitucional de las atribuciones de Ottawa. La ley sobre los gases contaminantes, que impone un gravamen sobre la gasolina, así como sobre otras sustancias contaminantes fósiles e industriales, sólo se aplica en provincias que no tienen un programa propio para gravar las emisiones de carbono.
Ese es el caso de Ontario, Manitoba, Saskatchewan y Nuevo Brunswick.
En Ontario, el lunes último, un abogado provincial denunció la norma federal por inconstitucional, alegando que el acta avanza en territorio provincial y daña la cooperación federal.
Telles-Langdon dijo que los canadienses están en una nueva era, en la que el cambio climático se ha convertido en un problema nacional y que en el corto plazo podría constituir una situación de emergencia climática.
Doug Ford, primer ministro de Ontario y opositor al impuesto. THE CANADIAN PRESS/Christopher Katsarov
En ese sentido, según la abogada, las provincias requerían un sistema pancanadiense que se ocupara del asunto y que evitara conflictos entre ellas.
La norma agrega una carga impositiva sobre algunos productos como la gasolina, aumentando su precio final, con el objetivo declarado de impulsar a los canadienses a cambiar sus hábitos, como por ejemplo en materia de transporte, para ayudar a contener la polución.
La iniciativa dispone que el dinero recaudado a través del cobro del gravamen sea reinvertido en la provincia en la que el mismo fue percibido.
El primer ministro conservador de Ontario, Doug Ford, se convirtió en uno de los críticos más duros de la ley, a la que denunció como ilegal.
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