A pesar de encontrarse entre los líderes de la inteligencia artificial, Canadá no ha instaurado todavía un cuadro reglamentario para tratar los problemas de discriminación e imputabilidad a los que se enfrenta la inteligencia artificial. Entre tanto, varios jefes de empresas reclaman una reglamentación.
Aunque se comprenda bastante bien el papel de la inteligencia artificial en las sugerencias de películas de Netflix y los pedidos vocales a Alexa, se conoce mucho menos en todo lo relacionado a la aplicación de la ley, la evaluación de candidatos a la inmigración, los programas militares y en otros campos.
La ausencia de un marco jurídico específico a la inteligencia artificial socaba la confianza en la tecnología y potencialmente, en la responsabilidad de los abastecedores de servicios, indica un experto.
Si hasta el momento encontramos a los robots rebeldes solo en la ciencia ficción, la inteligencia artificial está cada vez más implicada en decisiones que pueden tener graves consecuencias para los seres humanos.
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Según un estudio de Citizen Lab (laboratorio interdisciplinario basado en la Escuela Munk de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto) el sistema federal de inmigración y protección de los refugiados se apoya sobre decisiones tomadas por los algoritmos para determinar si un candidato está verdaderamente casado o soltero y si representa un riesgo para la seguridad pública.
Desde 2015, los cuerpos policiales de las ciudades de Vancouver (Columbia Británica), Edmonton (Aloberta), Saskatoon (Saskatchewan) y London (Ontario) instalaron o experimentaron un sistema para predecir los crímenes.
El ejército canadiense procedió a ensayos de inteligencia artificial, lo que llevó a varios expertos en ese campo a advertir a la población contra los peligros de las armas robóticas y la idea de confiar a máquinas que tomen la decisión de vida o muerte de un humano.
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Carolina Bessega, cofundadora y directora científica de la firma Stradigi AI, afirma que esa falta de reglamentación desalienta las compañías a utilizar la inteligencia artificial, lo cual frena la innovación y la eficacia, en particular en el campo de la salud.
Ella reclama una reglamentación “muy estricta” en materia de tratamiento y diagnóstico. Para ella, la responsabilidad de cualquier decisión definitiva debería recaer sobre un profesional y no sobre un programa informático.
El ministro de la Innovación, de la Ciencia y el Desarrollo Económico de Canadá, Navdeep Bains, declaró a la agencia Prensa Canadiense el mes de abril pasado que un informe sobre ese tema será presentado en los meses venideros. Según él, los cambios legislativos que se deberán hacer serán objeto de un estudio minucioso, no solo de su ministerio, sino de todo el gobierno.
RCI/Radio Canadá/La Presse Canadienne/Chrys Reynolds/Internet
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