El presidente Bolsonaro amenaza los derechos humanos en Brasil dice Amnistía Internacional

Durante los primeros cinco meses después de haber sido elegido, el presidente de extrema derecha de Brasil, Jair Bolsonaro, tomó medidas que amenazan los derechos humanos, denunció la organización de defensa de los derechos humanos, Amnistía Internacional en una carta hecha pública este martes.

“Hemos observado atentamente su gobierno y desafortunadamente nuestras inquietudes comienzan a ser justificadas: él tomó medida que amenazan el derecho a la vida, a la salud, a la libertad y a la tierra”, afirma Jurema Werneck, directora de Amnistía Internacional en Brasil.

Para la ONG, dos decretos que suavizan los criterios de atribución de permisos de detención o de porte de armas “pueden contribuir al aumento del número de homicidios” en un país que es ya uno de los más violentos en mundo, con más de 64.000 personas asesinadas en 2017. La tasa de homicidios alcanza los 31 por 100.000, tres veces superior al umbral de violencia endémica definido por Naciones Unidas.

Amnistía Internacional critica también el proyecto de ley anti criminalidad presentado al Congreso por el ministro de Justicia y de la Seguridad Pública Sergio Moro, que según la presidenta de Amnistía Internacional en Brasil, “legitima una política de seguridad basada sobre la fuerza letal”.

Una de estas medidas amplía en particular la noción de legítima defensa para los policías. Si esta ley es votada, los agentes de las fuerzas del orden podrían no ser perseguidos ante la justicia si utilizan su arma debido “al miedo, la sorpresa o una emoción violenta”.

La organización de defensa de los derechos humanos informa sobre su inquietud con respecto al tema de los derechos de los indígenas, insistiendo sobre el hecho que “numerosas comunidades ancestrales, cuyos territorios no han sido reconocidos todavía, están en peligro”.

Amnistía recuerda que una de las primeras decisiones del gobierno Bolsonaro había otorgado la responsabilidad de delimitar tierras reservadas a los indígenas al ministerio de la Agricultura, lo que equivaldría a entregar esos territorios al agro-negocio, según sus detractores.

Esta decisión fue tomada bajo la forma de una Medida Provisional (MP), una especie de decreto con efecto inmediato, pero que debe ser aprobado más tarde por el Congreso para su adopción definitiva.

Una comisión parlamentaria determinó a principios del mes de mayo, que esta atribución debía regresar nuevamente a la Fundación del Indio (Funai), organismo que depende del ministerio de Derechos Humanos. Sin embargo, Amnistía reitera “su inquietud” en la medida en que esta MP debe ser votada en sesión plenaria.

Este martes 21 de mayo, la directora de Amnistía Internacional Brasil, Jurema Werneck y la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Érika Guevara-Rosas, viajaron a Brasilia con la intención de entregar al presidente Bolsonaro y otros representantes del gobierno, una carta que reúne estas preocupaciones y recomendaciones para garantizar, promover y proteger los derechos humanos en el país.

RCI/AFP/Amnistía Internacional Brasil