Quince trabajadores temporales fueron detenidos por la ASFC (Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá) en 2017 luego de haber sido estafados y maltratados por una agencia de empleo de la ciudad de Victoriaville, en Quebec. Los trabajadores denunciaron su caso en Montreal y una jueza acaba de fallar a su favor. Foto: Noé Arteaga

Justicia canadiense a favor de trabajadores temporales, recibirán 300 000 $

Es una victoria importante de los trabajadores extranjeros contra la empresa. En términos de justicia el fallo es muy importante. Es una decisión histórica porque no es común que trabajadores temporales puedan soportar todo este proceso, de presentar una queja ante la justicia. Estos trabajadores llegaron hasta las últimas consecuencias en búsqueda de justicia a su causa, y que tuvo muchos impactos en su vida personal. La decisión es maravillosa.

-Viviana Medina, organizadora comunitaria en el Centro de Trabajadores Inmigrantes

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Gentileza CTI

Una agencia de colocación de personal en Victoriaville, provincia de Quebec, tiene la orden de pagar más de $ 300,000 en daños a 11 trabajadores agrícolas guatemaltecos a quienes explotó, amenazó y acosó psicológicamente, sentenció el Tribunal Administrativo Laboral.

«Se trata de un comportamiento chocante que la sociedad condena y merece ser denunciado».

– France Giroux, jueza administrativa.

Los trabajadores  llegaron a Quebec bajo el Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales para trabajar en el sector agroalimentario.

Según las condiciones de su permiso de trabajo, tenían derecho a trabajar solo para el empleador designado allí.

Pero después de su llegada, una agencia de colocación de empleados, llamada Entreprise de placement Les Progrès inc  los contacó.  Su propietario, Esvin Trinidad Cordón Paredes, les hizo creer que podían tener otro trabajo con mejores condiciones, un salario más alto y, sobre todo, que este cambio de empleador era legal, según el fallo.

Algunos de los trabajadores agrícolas solo hablaban español y otros no saben leer ni escribir. Estaban en una situación vulnerable en un país desconocido para ellos, escribió la jueza Giroux.

En su demanda ante la justicia, los hombres alegaron que habían sido objeto de acoso psicológico en los meses que trabajaron,  durante el cual fueron alojados por el empleador, algunos en una vivienda que describieron como superpoblada y mal calentada. Se quejan de falsas promesas y actos ilegales, de horas de trabajo excesivas y no remuneradas, a veces turnos de 24 horas, vigilancia excesiva en sus vidas privadas, así como insultos y amenazas repetidas también contra su familia.

Sus pasaportes, tarjetas de seguro social y permisos de trabajo le fueron confiscados por el  empleador, quien afirmó que los necesitaba para emprender acciones legales, explicaron los trabajadores.

Los honorarios del asesor de inmigración que se suponía que los ayudaría eran de aproximadamente $ 3,000 a $ 4,000, dependiendo del caso de cada uno, y el empleador los dedujo directamente de su paga. Solo les daba 300 dólares al mes, mientras trabajaban largas horas y enviaban dinero a sus familias en Guatemala. Ni siquiera recibieron el salario mínimo, señala la juez.

Además, según la sentencia, sus horas de trabajo y días de descanso no cumplían con la Ley sobre las normas laborales. La esposa del dueño tenía una agencia de limpieza y los obligaba también a ayudar, sin pago alguno.

Vivían entre 10 y 15 en un apartamento de dos habitaciones, con solo una ducha y una cama: los demás dormían en colchones inflables en el piso frío, declararon.

El dueño de la agencia y su esposa los trataban de “porcinos”, «sin cerebro». Los hombres se sentían ridiculizados y humillados. Y siempre, para controlarlos, los amenazan de denunciarlos ante las autoridades de inmigración.

«Las amenazas para dañar a los demandantes o familiares en Guatemala son hechas por Cordon (el propietario) si no pagaban su deuda», también está escrito en la decisión de la jueza que cree en los testimonios de los trabajadores.

Finalmente, los trabajadores fueron arrestados en 2016 por la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá y detenidos en centros de inmigración.

Interrogado antes de la audiencia, el asesor de inmigración admitió que no había hecho ningún procedimiento para que los trabajadores modificaran sus permisos, «a pesar de las grandes sumas retiradas», se lee en la decisión.

El Tribunal considera que los demandantes fueron víctimas de acoso psicológico durante un período de 6 semanas a 18 meses, según cada caso. Estas conductas minaron su dignidad, su integridad psicológica y resultaron en un ambiente de trabajo dañino «, dice en la decisión.

 «Los demandantes se encontraron en una situación de explotación y dependencia ya que el empleador los amenazó con denunciarlos a la inmigración y atacar su integridad física o la de su familia en Guatemala si no aceptaban estas condiciones, excluyendo para ellos cualquier devolución. Su arresto puso fin a esta situación, pero no sin consecuencias para los demandantes. «

– France Giroux,  jueza administrativa.

Este fallo es una advertencia para todo el mundo

Viviana Medina, organizadora comunitaria en el centro de Trabajadores Inmigrantes en la Corte Federal de Apelaciones, Montreal © Noé Arteaga

Para las agencias de empleo, para las agencias de reclutamiento de mano extranjera, y para los empleadores. Tenemos mucho trabajo para seguir haciendo porque esa información tiene que llegar a los trabajadores mismos. Que sepan que sí se puede hacer justicia.

-Viviana Medina.

La jueza le otorgó a cada trabajador $ 5,000 en daños punitivos, «debido a la seriedad y la naturaleza altamente reprensible de los actos cometidos por el empleador», así como sumas que van desde $ 20,000 a $ 30,000 por daños morales, según su situación.

La importancia de la prevención para los trabajadores temporales

Esos trabajadores llegan directamente en las granjas apenas bajan del avión entonces es imposible que tengan conocimiento de todos los procesos y recursos a los que se puede apelar en casos de injusticias, abusos  y maltratos señala Viviana Medina.

Lamentablemente esta situación la vemos todos los días y hay mucho miedo para denunciar porque hacerlo significa un sacrificio enorme para la persona cuando toma la decisión de denunciar. Porque sabe que tendrá un impacto. Han pasado tres años desde la denuncia, para tener una decisión.

Medina insiste en que hay que informar a esos trabajadores desde antes de venir a Canadá.

Hay que hacer un trabajo de prevención desde antes de que salgan de sus países sobre los recursos existentes, las organizaciones que pueden ayudarles.

También Medina explica qué puede pasar con los trabajadores guatemaltecos que fueron expulsados y si es posible que regresen a Quebec.

En cuanto al monto que deberá pagar la empresa, no está claro como lo hará debido a la precaución que tomó el propietario: hizo una cesión de sus bienes.

Esto y más en la entrevista de Viviana Medina con Radio Canadá Internacional.

Con información de Radio Canadá.Le Soleil

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Categorías: Inmigración y Refugiados
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