En 1981, la historia política canadiense conoció uno de los momentos más importantes de su historia: la Cámara de los Comunes y el Senado adoptaron una declaración común pidiéndole a la reina Elizabeth II repatriar la Constitución de Canadá. Ese gesto, simbólico y político, permitía a Canadá acceder a su plena independencia luego de la monarquía inglesa luego de una saga política y jurídica de 115 años. Los ecos de esa saga suenan, hoy, más que nunca, en la escena política. “El tema constitucional” que nunca ha sido completamente resuelto, se convirtió con los años en una arena en la que se afrontan, en un pulso permanente, las fuerzas de la diversidad y de la unidad en torno a los cuales gravita la sociedad canadiense. Veamos el porqué……

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¿Qué es una constitución?

Por definición, una constitución es el fundamento político y jurídico de una nación. Ella fija los principios y los objetivos comunes a los que aspira una sociedad. Es de alguna manera el conjunto de reglas que establecen y rigen las principales instituciones políticas y jurídicas de un país. (Cámara de los Comunes, Senado, Corte Suprema, legislaturas provinciales, etc.) De igual forma, la constitución decide el funcionamiento de esas instituciones y establece los procesos de adopción y aplicación de las leyes y la repartición de poderes entre los diversos niveles de gobierno (federal y provincial). Además, la carta magna define la responsabilidad de los tribunales y de las instituciones políticas hacia los ciudadanos. A todo esto se agregan las leyes de carácter constitucional que contribuyen a la evolución de la nación, como la Ley sobre las Lenguas Oficiales.

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Los grandes episodios constitucionales

Antes de 1982 (año de la repatriación oficial de la Constitución de Canadá), los principios constitucionales de Canadá estaban inscritos en el Acta de la América del Norte Británica (AANB) adoptada por el Parlamento Británico en 1867. El objetivo del Acta era fundar un solo grupo con sus colonias en América del Norte. Aunque fue elaborado por los Padres de la Confederación Canadiense, el texto constitucional no les permitía alterar su contenido. Sólo el Parlamento británico tenía el poder de hacerlo debido a que los Padres no pudieron ponerse de acuerdo sobre una fórmula que permitiera modificar el Acta de 1867. A medida que pasaban los años, surgió para los canadienses la necesidad de tomar el control de su destino como nación sin tener que pasar por Londres para modificar, gestionar y administrar su propio marco legislativo y político.

La historia de la Constitución de Canadá comenzó en 1864, en Charlottetown, en la Isla del Prince Eduardo. Delegados de esa región, de Nuevo Brunswick, de Nueva Escocia y del Canadá Unido (la provincia del Canada-Uni compuesta por lo que hoy conocemos como Quebec y Ontario) propusieron unir las colonias británicas de América del Norte en una federación. La iniciativa, inicialmente liderada por Sir John A. Macdonald, buscaba agrupar esas colonias poniendo a la cabeza un gobierno central encargado de administrar los temas comunes como las fronteras la defensa, las vías de comunicación la moneda, etc.

Una segunda reunión se llevó a cabo, poco después, en Quebec: 72 resoluciones que conforman el Acta de la América del Norte Británica fueron adoptadas por los delegados. En 1866, delegados de las provincias de Canadá, Nueva Escocia y Nuevo Brunswick viajaron a Londres para escribir el texto oficial del Acta que dio vida a la Confederación Canadiense.

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El Acta de la América del Norte Británica

En 1867, el Parlamento británico accedió a la petición de las colonias ubicadas en el continente americano y aprobó el Acta de la América del Norte Británica (AANB). De esa manera se construyeron las bases del Canadá actual. Este acto permitió unir en una confederación las colonias de Canadá-Unido (Canada-Uni conformado por Ontario y Quebec), Nuevo Brunswick y Nueva Escocia. El Acta contempló la repartición de competencias y de poderes y otorgó campos de acción al gobierno federal y a los gobiernos y legislaturas provinciales. Los Padres de la Confederación habían elegido el nombre de «Reino de Canadá», pero la renuencia de Londres llevó a que optaran por el término normando “dominion” que se encuentra en el Salmo 72 de la Biblia: “Él dominará de uno al otro mar y del río hasta los confines de la tierra”.

Sin embargo, Londres conservó el derecho exclusivo de modificar los términos del Acta. Las provincias, por su parte, obtuvieron el derecho de modificar su propio marco constitucional, con la excepción de las funciones del vicegobernador. Esta fue la cuarta constitución de las colonias en América del Norte luego del Acta de Quebec (1774), el Acta Constitucional (1791) y el Acta de Unión (1840).

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¿Porqué unirse?

En realidad, las colonias se unieron para protegerse de las influencias nefastas que tenían las unas sobre las otras. En efecto, la colonia francófona católica del Bajo Canadá (Quebec) encontró en el sistema federal una protección contra la mayoría anglófona protestante que amenazaba, entonces, su cultura, su lengua, su sistema de derecho civil, su religión y su sistema de educación. La protección comienza con el reconocimiento de las diferencias y la posibilidad de contar con una legislatura permanente (parlamento) contemplados en el sistema federativo.

Esas mismas razones llevaron a los anglófonos protestantes del Alto-Canadá a adherir a la federación. Ellos temían una dominación francófona de sus instituciones políticas y sociales. Las colonias de la región Atlántica, por su parte, temían ser absorbidas por la provincia de Canadá (Ontario y Quebec) con la que tenían poco en común. Además, para la corona inglesa y las autoridades coloniales de la época, esa unión constituía una protección eficaz contra la atracción económica de Estados Unidos y las intensiones expansionistas de los estadounidenses hacia Canadá.

En los años posteriores a la creación de la Confederación Canadiense, varias colonias se fueron uniendo a la misma. En 1870, el Parlamento Canadiense creó la provincia de Manitoba. En 1871, Columbia Británica se unió a Canadá con la promesa de ser conectada rápidamente por vía férrea al resto del país. Dos años más tarde, en 1873, fue la Isla del Príncipe Eduardo la que se unió a la Confederación y poco después, en 1875, el Parlamento adoptó la Ley sobre los Territorios del Noroeste. En 1880, Canadá obtuvo, del Reino Unido, la propiedad del Ártico. Yukón se convirtió en territorio autónomo en 1898 mientras que las provincias de Saskatchewan y Alberta fueron creadas por el Parlamento Canadiense en 1905. Terranova completó la Confederación en 1949.

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La declaración de Balfour

En los años que precedieron la Primera Guerra Mundial, Canadá se afirmó más como nación y se ganó un espacio en la escena internacional creando un ministerio de Relaciones Exteriores, rechazando participar en guerras coloniales que comprometían al Imperio Británico y, sobre todo, volviéndose miembro de la Sociedad de Naciones y de la Organización Internacional del Trabajo.

En 1926, los miembros de la Conferencia del Imperio adoptaron la declaración de Balfour que consagró la autonomía de los dominios británicos (Canadá, Terranova, Australia, Sudáfrica, Irlanda y Nueva Zelanda) y abolió cualquier subordinación de su parte a Gran Bretaña.

Aprovechando ese reconocimiento, los parlamentarios canadienses deciden, en 1927, a instancias del ministro de Justicia de Canadá, Ernest Lapointe, de repatriar la Constitución para poder modificarla sin el consentimiento de Londres. De esa forma comenzó una larga disputa jurídica y política que duró 55 años antes de que el gobierno federal de Canadá y los gobiernos provinciales (salvo Quebec) se pusieran de acuerdo sobre un procedimiento aceptable que permitiera repatriar y enmendar la Constitución.

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El Estatuto de Westminster

El 11 de diciembre de 1931, la autonomía de los dominios es oficialmente consagrada por el Estatuto de Westminster. De esa manera, Londres entregó a sus dominios los poderes relativos a sus constituciones y a la modificación de las leyes británicas que los gobernaban anteriormente. Sin embargo, el gobierno de Canadá pidió que su constitución no fuera cobijada por el Estatuto y que Londres conservara el poder de modificarla. Esta solicitud fue el resultado del fracaso de una segunda conferencia federal-provincial sobre la elaboración de una formula de enmienda. En 1935, una tercera conferencia también fracasó debido a que los representantes de las provincias y los del gobierno federal no lograron entenderse. En realidad, hubo que esperar largo tiempo antes de que se lograra un acuerdo.

En 1949, el Parlamento de Canadá procedió a una repatriación parcial del Acta de la América del Norte Británica que permitía modificar la Constitución Canadiense en lo relacionado a las cuestiones internas pero Londres conservó el derecho de ejercer un control sobre las modificaciones fundamentales. Además, la Corte Suprema de Canadá se convirtió en el máximo tribunal del país y fue declarada apta para fallar los contenciosos constitucionales en Canadá en remplazo del Comité Judicial del Consejo Privado.

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De fracaso en fracaso

De 1960 a 1978, Canadá vivió una serie de encuentros constitucionales y de tentativas de todo tipo para llegar a un procedimiento de repatriación y a una formula de enmienda. Todos fracasaron. Como resultado de las tentativas, en 1961, se llegó a la formula Fulton-Favreau y en 1968, una revisión completa de la Constitución llevó a la “Formula de Victoria”. Esta última proposición de enmienda era compleja ya que requería el consentimiento de toda provincia que tuviera o hubiera tenido, al menos, el 25 por ciento de la población canadiense, más la anuencia de al menos dos provincias del Atlántico y el consentimiento de al menos dos provincias del Oeste que representaran, juntas, no menos del 50 por ciento de la población de todo el Oeste. La proposición también hablaba de incluir los derechos lingüísticos y las garantías inherentes a la Corte Suprema en la Constitución.

En 1971, los primeros ministros de las provincias y el primer ministro federal reagrupan esas proposiciones en un proyecto de carta constitucional (la Carta Victoria) que sometieron a la aprobación de todas las legislaturas provinciales. En Quebec, la carta Victoria se encontró con una fuerte oposición y el primer ministro de entonces, Robert Bourassa, se negó a recomendarla a los quebequenses por considerarla desventajosa para su provincia. En 1976, el primer ministro de Canadá, Pierre Elliott Trudeau, denunció esa actitud y amenazó con realizar una repatriación unilateral de la constitución. El mismo año, el Partido Quebequense llegó al poder en la provincia francófona de Canadá.

En 1979, la Comisión Pépin-Robarts presentó su informe de 75 recomendaciones para sacar al país del impasse constitucional. La Comisión propuso un “federalismo asimétrico” que acordaba más podres a las provincias, sobre todo en el tema lingüístico. Sin embargo, el gobierno federal rechazó esa propuesta y dejo en el olvido el Informe Pépin-Robarts.

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La cuestión quebequense

En 1980, el Partido Quebequense, molesto por el impasse constitucional y la falta de respuestas positivas a sus peticiones de reconocimiento cultural y político, propuso a los quebequenses optar por la independencia de Quebec. Ese proyecto de secesión acompañado de una soberanía-asociación fue sometido a la población durante un referendo desgarrador.

El día anterior al referendo, el primer ministro de Canadá, Pierre Elliott Trudeau, se comprometió con los quebequenses, en un vibrante discurso, a renovar el federalismo profundamente si se quedaban en el seno de Canadá.

Su llamado parece haber dado frutos ya que el 59,1 por ciento de los quebequenses rechazó la opción soberanista. El primer ministro de Quebec, René Lévesque, triste por la amarga derrota, lanzó entonces esta frase que se volvió célebre para quienes lo escucharon en el centro Paul-Sauvé, donde hizo el discurso, y para los soberanistas en general: “Si entendí bien, ustedes me están diciendo, hasta una próxima vez…”

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La repatriación de la Constitución

En 1980, frente al tema del impasse constitucional que persistía, el primer ministro de Canadá, Pierre Elliott Trudeau, presentó a la Cámara de los Comunes una resolución conjunta (Senado y Cámara) pidiendo a la reina Elizabeth II una repatriación unilateral de la Constitución Canadiense a la que se le agregaría una Carta de Derechos y Libertades.

En 1981, las provincias, con excepción de Ontario y Nuevo Brunswick, firmaron un acuerdo entre ellas sobre un procedimiento para repatriar la Constitución y una fórmula para enmendarla conocida como la Fórmula de Vancouver. El objetivo fue contrabalancear la intención federal de actuar en solitario en el proceso de repatriación. El 28 de abril, la Corte Suprema de Canadá aceptó estudiar la demanda presentada por Manitoba, Quebec y Terranova que contestaba la repatriación unilateral de la Constitución que estaba tratando de hacer el gobierno federal. En septiembre del mismo año, siete jueces de la Corte Suprema, contra dos, concluyeron que el proyecto de Ottawa era contrario a una convención constitucional que exigía el acuerdo de las provincias para cualquier modificación de sus poderes.

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La conferencia de la última oportunidad

Antes de proceder a repatriar unilateralmente la Constitución, Ottawa organizó una conferencia constitucional llamada “de la última oportunidad” para tratar de obtener el apoyo de la mayoría de las provincias a su proyecto. Entre la noche del 4 y la madrugada del 5 de noviembre nueve provincias logran un acuerdo, cuando la delegación de Quebec estaba ausente, sobre una proposición constitucional y una formula de enmienda. El que fue, hasta ese momento, un frente común de 8 provincias que oponían a los planes de gobierno federal, voló en pedazos.

El primer ministro de Quebec, René-Lévesque, sólo supo la mañana siguiente lo que había pasado y la firma de un acuerdo logrado sin su presencia. Así las cosas, la provincia francófona canadiense quedó aislada y su relación con el gobierno federal quedó, literalmente, en llamas. El acuerdo concluido, durante la que algunos llaman “la noche de los cuchillos largos” retomó las grandes líneas de la Fórmula de Vancouver pero retira a las provincias el derecho a una compensación financiera en caso de retiro de una enmienda constitucional.

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Proclamación de la Ley Constitucional de Canadá

El 17 de abril de 1982, la Ley Constitucional canadiense (rechazada por Quebec) fue proclamada por la reina Elizabeth II en Ottawa durante una ceremonia oficial. La Constitución Canadiense también incluirá, además del Acta de 1867, una Carta de Derechos y Libertades y una fórmula de enmienda.

Esta última prevé que para la mayoría de las modificaciones constitucionales será necesario obtener la aprobación de dos tercios de las provincias y ellas (las que aprueben) deben representar, al menos, el 50 por ciento de la población canadiense. Sin embargo, se necesitará la unanimidad de todas cuando se trata de enmiendas relacionadas con la diputación en la Cámara de los Comunes, las lenguas oficiales, la Corte Suprema y la fórmula de enmendar la Constitución.

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El Acuerdo del lago Meech

Después de la llegada de los conservadores al poder, en Ottawa, en 1984, el primer ministro Brian Mulroney prometió, durante un discurso histórico pronunciado en Sept-Îles, encontrar un acuerdo que llevara a Quebec a adherir a la Ley Constitucional de 1982 con “honor y entusiasmo”. Dispuesto al diálogo con los conservadores, Quebec plantea cinco condiciones para adherir a la Ley Constitucional. Una de ellas era el reconocimiento de un estatus distinto para la provincia en el seno de la Confederación Canadiense.

El 30 de abril de 1987, los primeros ministros provinciales y el primer ministro federal aceptan las condiciones. El mismo año, después de largas horas de debate, las grandes líneas del Acuerdo del lago Meech son adoptadas en Ottawa. Sin embargo, el acuerdo debía ser ratificado (aceptado mayoritariamente) por todas las legislaturas provinciales y la Cámara de los Comunes en los tres años siguientes.

Las condiciones planteadas por Quebec para adherir a la Ley Constitucional de 1982 fueron:
1.- El reconocimiento de Quebec como una sociedad distinta;
2.- La garantía de que Quebec incrementaría su participación en el tema de inmigración;
3.- La participación de la provincia francófona en la nominación de los jueces de la Corte Suprema de Canadá;
4.- La limitación del poder de gastos del gobierno federal;
5.- El reconocimiento de un derecho de veto sobre las modificaciones de la Constitución.

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Durante los tres años posteriores a la adopción de las grandes líneas del acuerdo, se desmoronó el apoyo de las provincias anglófonas. Manitoba fue la primera que se opuso, poco después de que Quebec invocara la clausula “nonobstant” para mantener la Ley 178 sobre la colocación de carteles. Siguió Terranova cuando el primer ministro provincial, el liberal Clyde Wells, decidió oponerse usando los mismos términos del gobierno manitobense. Las dos provincias se negaron a realizar el voto libre, sobre el Acuerdo del lago Meech, dispuesto en sus respectivas legislaturas.

En mayo de 1990, varios diputados federales que representaban a la provincia de Quebec, liderados por Lucien Bouchard, deciden retirarse del Partido Conservador y fundar, más tarde, el Bloque Quebequense. El 22 de junio de 1990, llegó a su fin el plazo de tres años sin que se lograra la ratificación como se había previsto. Ya no hubo más dudas, el Acuerdo del lago Meech había muerto. Robert Bourassa, entonces primer ministro de Quebec, anunció que no estaba dispuesto a negociar y que esperaría una oferta valida del gobierno federal antes de reabrir el debate sobre el tema constitucional.

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La Comisión Bélanger-Campeau

El 4 de septiembre de 1990, Quebec puso en marcha la Comisión Bélanger-Campeau sobre el futuro constitucional de la provincia. 36 miembros hicieron parte de la misma, durante cinco meses de audiencias públicas sobre el tema. Se recibieron más de 600 memorias que, en su mayoría, preconizan la soberanía, la secesión de Quebec. El 27 de marzo de 1991, la Comisión entregó su informe y recomendó a la Asamblea Nacional de Quebec prever la realización de un referendo sobre la soberanía en junio o en octubre de 1992. La conclusión de la Comisión se basó en que las aspiraciones de la provincia no eran comprendidas por el resto del país. Además, la Comisión Bélanger-Campeau propuso la creación de dos comisiones parlamentarias que actuarían si la opción del SÍ (la secesión) ganaba en el referendo: una para estudiar las modalidades de acceso a la soberanía de Quebec y la otra para estudiar todas las ofertas de asociación que vinieran de Canadá.

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El Informe Allaire

Luego del fracaso de Meech, que fue percibido por los quebequenses como un mensaje claro del resto de Canadá, el nacionalismo se despierta en Quebec como nunca antes. Incluso, el Partido Liberal de Quebec, históricamente federalista, adoptó en marzo de 1991 el Informe Allaire. Este reporte, que critica fuertemente el sistema federal canadiense, propone una vasta descentralización de los poderes que dejaría a Quebec el control exclusivo de 22 campos de competencia.

Según la reforma federal propuesta, con la excepción de 9 campos en los que había que compartir, el gobierno federal sólo guardaría el control exclusivo en cinco temas: la defensa, las aduanas, la moneda, la perecuación y la gestión de la deuda común. A esto se agregaba la abolición del Senado Canadiense y una formula de enmienda constitucional que necesitaría el acuerdo del 50 por ciento de la población canadiense y obligatoriamente la de Quebec.

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La proposición histórica de Charlottetown

En marzo de 1992, el ex primer ministro Joe Clarck, comisionado por Brian Mulroney (primer ministro federal de la época) convocó a una nueva ronda de negociaciones multilaterales entre el gobierno federal, las nueve provincias anglófonas, los dos territorios y cuatro representantes de los autóctonos. Ellos llegaron a un acuerdo y presentaron una proposición, el 7 de julio de 1992, para darle a Quebec lo esencial de lo que se establecido en Meech, un Senado representativo para las provincias del Oeste y un derecho de autodeterminación a los autóctonos.

Aunque el acuerdo fue calificado de histórico, los quebequenses reaccionaron prudentemente frente al tema. En agosto de 1992, el gobierno federal anunció la realización de un referendo nacional sobre la ratificación del acuerdo constitucional. El 26 de octubre del mismo año, el acuerdo fue rechazado en seis provincias, entre ellas Quebec donde el no obtuvo el 56 por ciento de los sufragios.

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Segundo referendo sobre la soberanía de Quebec

Durante ese tiempo, la opción soberanista, alimentada por los fracasos constitucionales de los últimos años, siguió su camino en la opinión pública quebequense. En 1994, el Partido Quebequense (PQ) es llevado al poder. El primer ministro Jacques Parizeau presentó rápidamente un anteproyecto de ley sobre la soberanía de Quebec. En junio de 1995, las fuerzas soberanistas se organizaron y quedaron compuestas por el Partido Quebequense, el Bloque Quebequense y la Acción Democrática de Quebec. Ese segundo referendo propuso a los quebequenses un Quebec soberano acompañado de una asociación económica y política negociada con el resto de Canadá.

El 30 de octubre de 1995, la opción soberanista perdió, por muy poco, frente a los federalistas. 50,6 por ciento de los electores dijeron no a la propuesta soberanista y 49,4 por ciento de los votantes la apoyaron. La participación electoral superó el 93 por ciento del censo electoral. Al día siguiente de la derrota, el primer ministro de Quebec, Jacques Parizeau, renunció a su cargo. Lucien Bouchard, hasta entonces jefe del Bloque Quebequense, lo remplazó en los puestos de jefe del Partido Quebequense y primer ministro provincial.

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Algunos días después del referendo, el primer ministro de Canadá, Jean Chretien, dijo que se había preparado para bloquear el proceso de secesión de Quebec, si la opción del SI ganaba las elecciones con una mayoría que el gobierno considerara muy endeble. Lucien Bouchard respondió anunciando que se haría un referendo sobre la soberanía cuando se reunieran “las condiciones ganadoras” para el mismo. Bouchard agregó que si los quebequenses habían respetado y aceptado un NO, obtenido con el 50,6 por ciento, el gobierno federal tendría que hacer lo mismo con un SI de las mismas proporciones.

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La Declaración de Calgary

Frente a un resultado tan estrecho en el último referendo sobre la soberanía de Quebec, los nueve primeros ministros de las provincias anglófonas decidieron actuar antes de que los quebequenses dejaran definitivamente Canadá. Así las cosas, los jefes de los gobiernos provinciales se reunieron en la ciudad de Calgary (provincia de Alberta), en 1997, y reabren el expediente constitucional con el objetivo de encontrar una proposición que llevara a Quebec al seno de la Constitución Canadiense. Aunque el primer ministro de Quebec, Lucien Bouchard, se negó a asistir al encuentro, en septiembre de 1997 los otros nueve primeros ministros provinciales presentaron al país la llamada Declaración de Calgary. El documento reconoce el “carácter único” de Quebec en el seno de la Confederación Canadiense y consagra la igualdad de las provincias entre ellas. La Declaración fue presentada a las provincias y al federal para su aprobación.

Sin embargo, en Quebec, el acuerdo fue rechazado por el gobierno del Partido Quebequense que consideró que la proposición sólo contenía buenas palabras pero nada concreto en lo relacionado con el poder y con el reconocimiento de la cultura y de la sociedad quebequenses. Todos los parlamentos provinciales adoptaron la Declaración salvo el de Quebec. Asó las cosas el problema quebequense sigue siendo el mismo.

El 20 de agosto de 1998, la Corte Suprema de Canadá se pronuncia sobre el derecho de Quebec a proclamar unilateralmente su independencia. El máximo tribunal el país decidió que esa provincia no podía decir unilateralmente separarse de Canadá y fundamentó su decisión en la Constitución y el derecho internacional. No obstante, La Corte Suprema agregó que el gobierno federal tendría la obligación constitucional de negociar con la provincia de Quebec si se llegaba a obtener una clara mayoría (favorable a la independencia) en un referendo sobre la soberanía.

Además, el fallo de la Corte prevé que si se presentara un fracaso en esas posibles conversaciones, o mala voluntad del gobierno federal o del resto de Canadá, Quebec siempre tendría la posibilidad de declarar unilateralmente su independencia aunque esa decisión fuera inconstitucional. Así las cosas, el éxito de una secesión en esas condiciones dependería del reconocimiento internacional que pudiera obtener Quebec.

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La Unión Social

En febrero de 1999, durante las negociaciones sobre la unión social, Quebec volvió a quedar aislado del resto de las provincias al negarse a firmar el acuerdo por considerarlo como un retroceso. Aceptado por nueve provincias, el acuerdo sobre la unión social limita el derecho del gobierno federal de crear, unilateralmente, nuevos programas en los sectores de la educación, la salud, los servicios sociales y la ayuda social sin contar con el consentimiento de la mayoría de las provincias. Además, las provincias también obtuvieron el derecho de retirar los programas federales con compensación financiera.

Sin embargo, el gobierno federal elude esas nuevas disposiciones reservándose el derecho de crear programas de ayuda directa a los ciudadanos como, por ejemplo, las becas del milenio. Quebec, por su parte, quiere que el gobierno federal entregue a las provincias el dinero que se gasta en los campos de acción de competencia provincial y que se retire completamente de esas funciones.

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Un nuevo territorio

El primero de abril de 1999, el gobierno canadiense inauguró oficialmente el nuevo territorio de Nunavut, situado en la parte norte del país al este de los Territorios del Noroeste. Nunavut fue dotado de un parlamento, de diputados y de instituciones que le permiten gobernarse de la misma manera en que lo hacen Yukón y los Territorios del Noroeste. Unas 20 mil personas pueblan ese inmenso territorio.

Hipervínculos

Leyes constitucionales canadienses
Gobierno de Canadá
Carta Canadiense de Derechos y Libertades

Referencias

BERNARD, André. La Politique au Canada et au Québec, Sillery, Presses de l’Université du Québec, 1992.
BOURASSA, Danièle. La Saga constitutionnelle de l’AANB – 1867 à Beaudoin-Dobbie -1992, Montréal, Société Radio-Canada.
La Constitution canadienne 1981-Résolution adoptée par le Parlement du Canada en décembre 1981, Ottawa, ministère des Approvisionnements et Services, 1981.
FORSEY, Eugene A. Les Canadiens et leur système de gouvernement, Ottawa, ministère des Approvisionnements et Services Canada, 1988.
LISÉE, Jean-François. Le Naufrageur, Montréal, Éditions Boréal, 1994.
MESSIER, Anne-Marie. Référendum-1995, Montréal, Service documentaire de la Société Radio-Canada, 1995.
Notes sur la Constitution, Gouvernement du Canada, Ottawa, ministère des Approvisionnements et Services, 1983.
WHEATON, Sandra. Chronologie 1995-1997, Montréal, émission Le Point, Société Radio-Canada.