La Agencia de Ingresos de Canadá (CRA) ha puesto en marcha una auditoría de las actividades políticas del organismo PEN Canada, una organización de beneficencia que promueve la libertad de expresión y que criticó en el pasado las acciones del gobierno del primer ministro conservador Stephen Harper.
Dos auditores se presentaron a principios de semana en la pequeña oficina de Pen Canadá en Toronto para examinar varios documentos internos.
El presidente de PEN Canadá, Philip Slayton, dijo que la agencia de gobierno le había advertido hace dos o tres meses que tenía prevista una auditoría de la contabilidad de la organización y que la institución literaria brindaba su plena colaboración.
PEN Canadá representa a más de 1.000 escritores y simpatizantes canadienses, entre ellos Margaret Atwood y Yann Martel. La organización lleva adelante campañas para promover la libertad de expresión tanto en Canadá como en el extranjero.
Esta organización ha sido muy crítica ante el gobierno de Harper en los últimos años, sobre todo debido al amordazamiento de los científicos, y las sospechas de espionaje de los ciudadanos canadienses en asociación con agencias de inteligencia estadounidenses.
Esta oleada de auditorías fue anunciada por el gobierno federal en el Presupuesto de 2012. Críticos ven en esta decisión una campaña de persecución política e intimidación.
Algunas organizaciones temen desde hace dos años perder su estatus de organización de beneficencia.
La lista de organizaciones en la mira de la agencia de gobierno incluye Amnistía Internacional de Canadá, Équiterre, la Iglesia Unida de Canadá, el Centro Canadiense de Políticas Alternativas, Canadá sin pobreza y la Fundación David Suzuki.
Todas ellas tienen en común el haber denunciado o criticado las políticas del gobierno de Harper, en especial sobre el tema de la explotación de las arenas bituminosas y el petróleo. Por otro lado, algunas de estas organizaciones civiles canadienses fueron etiquetadas como «radicales» y «lavadoras de dinero» por algunos de los principales ministros conservadores.
Por su lado, la Agencia de Ingresos de Canadá dice que su trabajo se lleva a cabo “sin la intervención del gobierno”.
Las entidades de beneficencia en Canadá- pueden utilizar hasta el 10% de sus recursos en «actividades políticas», de acuerdo con una directiva de gobierno que data de 2003. Pero no pueden apoyar a ningún partido político o candidato en una elección.
Una encuesta de la Prensa Canadiense reveló que muchas organizaciones de beneficencia políticamente activas en áreas como el medio ambiente, la ayuda internacional o los derechos humanos han sido objeto de auditorías de la Agencia de Ingresos de Canadá.
Muchos sostienen que estas organizaciones pierden dinero a causa de esta situación, incluyendo honorarios legales, y ahora ellas temen pronunciarse públicamente.
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