El gobierno colombiano confirmó que un general y un cabo del ejército y una civil que trabaja para esa institución serán liberados el próximo sábado.
Las tres personas habían caído en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, la guerrilla más importante de ese país, en una zona rural ubicada sobre el río Atrato, en la Costa Pacífica colombiana.
El pasado 16 de noviembre, el general Rubén Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego llegaron desarmados, vestidos de civil y sin escoltas a una “zona roja” donde fueron abordados por milicianos de las FARC que –sin disparar ni utilizar la fuerza, según los testigos- se los llevaron con rumbo desconocido.
En Colombia, la población y los analistas se preguntan las razones que llevaron al general a violar todos los protocolos de seguridad previstos para un oficial de ese rango durante el desplazamiento a una zona peligrosa donde se llevan a cabo combates.
Mientras para unos se trató de algún engaño o un simple error, para otros la acción del general –deliberada o circunstancial- no sólo lo puso en una situación complicada debido a su pérdida de la libertad a manos de una agrupación subversiva, sino que también puso en riesgo el proceso de paz que lleva a cabo el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
El hecho de que el senador Álvaro Uribe –opositor del gobierno Santos y fuerte crítico de las negociaciones de paz- fue el primero que habló de que un general había caído en manos de la guerrilla y dio a conocer las coordenadas donde se produjo el plagio, generó suspicacias en varios sectores del país.
Las dos partes –la guerrilla delas FARC y el gobierno- confirmaron que la Cruz Roja Internacional y el Estado tienen en sus manos las coordenadas del lugar en el que se llevará a cabo la liberación.
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.