La Corte Suprema de Canadá está dispuesta a lanzarse en una batalla jurídica contra el gobierno federal sobre las nuevas reglas en lo que respecta a las tecnologías de información, TI, porque podrían amenazar la independencia del más alto tribunal del país, indican documentos hechos públicos recientemente por la Prensa Canadiense, gracias a la Ley de acceso a la información.
La Corte Suprema no es la única en preocuparse de estas nuevas medidas; la Corte Federal, la Corte Marcial de apelaciones, la Corte Canadiense del Impuesto, están todas preparadas a poner en tela de juicio el hecho que el ministerio responsable de Tecnologías de la Información pueda implicarse en sus ficheros digitales.
Ahora le toca al gobierno liberal decidir cómo va a manejar este delicado asunto, proveniente de una decisión del antiguo gobierno conservador, que entró en vigencia durante las elecciones federales.
Sistema de compras centralizado
Las nuevas medidas obligan a los tribunales a pasar por la oficina de Servicios Compartidos de Canadá, para efectuar todas las compras relacionadas con las TI, tales como servidores, programas y routers, en vez de poder comprárselas ellos mismos. Las cortes podían hacerlo hasta el primero de septiembre pasado, cuando las nuevas reglas entraron en vigencia y que los tribunales se convirtieron en los “clientes” de Servicios Compartidos de Canadá, que supervisa las compras y los servicios digitales de 43 de los más grandes usuarios de TI en el gobierno federal.
Esta decisión, aprobada por el gobierno conservador en mayo de 2015, debía permitir al gobierno economizar dinero, puesto que el ministerio compra la mayor parte de los productos y mejorar la seguridad informática porque Servicios Compartidos Canadá trabaja con abastecedores fiables.
Una amenaza contra la independencia de los tribunales
Documentos presentados al primer ministro Justin Trudeau poco tiempo después de haberse posesionado, muestran que los tribunales se inquietan de la implicación de un ministerio del gobierno en sus servicios de TI y “de las incidencias aparentes para controlar los datos”, que podrían perjudicar la independencia judicial.
En una carta, fechada del mes de agosto y dirigida al primer ministro, los representantes de los tribunales afirman vigorosamente que ellos no deberían ser sometidos a la supervisión de Servicios Compartidos Canadá y que deberían ser excluidos de esta medida, así como el Verificador general, la Comisionada a la vida privada y la Comisionada a la información.
Radio Canadá/Prensa Canadiense
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