El ex presidente de Perú, Ollanta Humala, y su esposa se presentaron ante el juez que ordenó su detención preventiva, por un período que puede llegar a un año y medio, a la espera del proceso por el cargo de presunto lavado de dinero.
Es la segunda ocasión que el juez Richard Concepción reclama la detención del ex mandatario, luego del estallido de un escándalo mayor por corrupción en Brasil, que salpica a políticos y empresarios de ese país y de otras naciones latinoamericanas, como Perú.
El también ex presidente Alejandro Toledo, que se encontraría en Estados Unidos, rechazó presentarse ante el magistrado, que asimismo había ordenado su detención preventiva.
Toledo y Humala llegaron al poder con la promesa de acabar con la corrupción que aqueja al Perú y poner fin al autoritarismo que reinó durante la presidencia de Alberto Fujimori.
El fiscal general Germán Juárez invocó los testimonios de ex directivos del grupo brasileño BTP Odebrecht, involucrado en uno de los mayores casos de corrupción del que se tenga memoria en su país. Los ex responsables del gigante empresarial acusaron a Humala y su esposa, Nadine Heredia, de haber aceptado tres millones de dólares en sobornos.
Además, Juárez acusa a la pareja de haber aceptado dinero en efectivo del extinto presidente venezolano Hugo Chávez.
El funcionario judicial sostuvo que la campaña electoral de Humala fue financiada con fondos ilícitos.
Por su parte, el ex titular del Ejecutivo peruano entre 2011 y 2016 se presentó ante la policía en compañía de su esposa, poco después que el fiscal lanzó el pedido de detención.
Humala escribió en su cuenta de Twitter que su arresto “confirma que hay abuso de poder, que nosotros combatimos defendiendo nuestros derechos y los derechos de todos”.
Numerosos analistas ven las investigaciones contra Humala y Toledo como una maniobra del gobierno del actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que intentaría con las mismas ganar las simpatías de los partidarios de Fujimori en el parlamento.
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