La oposición venezolana llevó a cabo el referendo simbólico, con el que busca presionar a la administración del presidente Nicolás Maduro, luego de 3 meses de manifestaciones a favor y en contra del gobierno, que en varias ocasiones resultaron en violencia.
Hasta el momento no se conocen datos definitivos del resultado de la consulta, y las cifras de participación varían según las distintas estimaciones.
Para los organizadores, no menos de 7 millones de personas emitieron su voto y cerca del 95 por ciento de los participantes se pronunciaron en contra de la constituyente.
El referendo fue lanzado por la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con la intención de frenar el proyecto del gobierno de modificar la constitución y convocar a elecciones anticipadas.
La constituyente, cuyos 545 miembros deben ser electos el 30 de julio, es vista por el oficialismo como capaz de aportar paz y estabilidad económica al país, que se encuentra convulsionado desde hace meses e inmerso en una crisis económica, debido principalmente a la caída del precio internacional del petróleo, principal riqueza natural de Venezuela.
Los analistas políticos, por su parte, ven a la constituyente como el resultado de las pujas entre gobierno y oposición. El oficialismo es minoría en la legislatura y la administración acusa al parlamento de bloquear sistemáticamente sus iniciativas. En ese sentido, la asamblea es vista por Maduro y sus colaboradores como una ocasión para arrebatar el legislativo a los opositores y buscar luego la convocatoria a elecciones, con las que buscaría concentrar más poder.
La consulta no fue vinculante y 19 millones de electores estuvieron habilitados para participar en la misma.
La jornada de votación no estuvo exenta de violencia.
Una mujer de 61 años fue muerta y otras tres personas resultaron heridas por hombres en moto, que atacaron una fila de personas que esperaban para sufragar en un centro de votación de Caracas, la capital del país.
En 2016, la oposición intentó organizar un referendo revocatorio del mandato de Maduro, pero las divisiones entre sus distintos componentes hicieron fracasar la idea.
El gobierno calificó al referendo como ilegal y convocó a la oposición a sentarse a dialogar, al tiempo que continúa con los preparativos para la votación prevista para el 30 de julio.
La oposición acusa al gobierno de ser el responsable de la crisis económica por la que atraviesa el país, mientras que las autoridades culpan a ese sector político de buscar llegar al poder por medios ilícitos, ante su incapacidad para triunfar en las urnas.
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