Fue en noviembre de 2015 que el Parlamento regional de Cataluña aprobó un plan con el propósito de obtener la independencia del resto del resto de España entre 2015 y 2017. Esa moción fue aceptada por 72 votos contra 63. La reacción en Madrid fue de rechazo a ese plan en nombre de la unidad del país. El primer ministro español Mariano Rajoy prometió que acudiría a los tribunales en caso de adopción de la proposición secesionista.
Esa propuesta fue presentada por parlamentarios de la coalición independentista Junts pel Sí (Juntos por el Sí) y la formación de izquierda Candidatura de Unidad Popular, CUP, partidos que formaban la mayoría del Parlamento en Cataluña.
La moción para la creación de una república catalana independiente establecía que tal camino no estaría sujeto a las decisiones de las instituciones del Estado español.
En diciembre de 2016, el Tribunal Constitucional español decidió suspender cautelarmente las resoluciones del Parlamento de Cataluña que establecían la convocatoria a un referéndum sobre la independencia de la región en 2017.
La corte respondió así a la petición de Madrid, que solicitó paralizar cualquier medida de parte de las autoridades catalanas que ponga en riesgo la indivisibilidad del Estado español, establecida en la Constitución de 1978.
Las resoluciones aprobadas en octubre pasado por la mayoría soberanista del Parlament (Parlamento catalán) quedaron así suspendidas a la espera de que el Tribunal Constitucional establezca un fallo definitivo al respecto.
Más tarde, mediante dos fallos el 7 y el 8 de septiembre de 2017, el Tribunal Constitucional suspende la ley de referéndum y advierte a los 948 alcaldes catalanes y a 62 cargos de la Generalidad de que no pueden participar en la organización de la consulta.
La Fiscalía General del Estado español también presentó una querella por desobediencia al Tribunal Constitucional, prevaricación y malversación de caudales públicos contra la presidenta del Parlamento, los miembros de la Mesa que votaron a favor del referéndum, contra el presidente de la Generalidad y todos los miembros de su gobierno.
Ese Tribunal también advirtió al presidente catalán, Carles Puigdemont, y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que si desobedecían esa orden, tendrían que asumir las consecuencias, incluidas las penales.
Desde entonces la tensión ha aumentado entre Madrid y el ejecutivo autónomo catalán a medida que se acerca la fecha del referéndum sobre la autodeterminación que el gobierno Catalán quiere organizar el primero de octubre de 2017 a pesar de la prohibición de Madrid.
Madrid ha optado por la represión de esta consulta. La Guardia Civil confiscó unos 45.000 sobres que el gobierno regional debía enviar para informar a los electores sobre la consulta del 1 de octubre.
El 20 de septiembre de 2017 la Guardia Civil detuvo a 14 altos funcionarios del Gobierno catalán y confiscó millones de papeletas y carteles. Esta operación atizó las protestas en Cataluña contra el gobierno en Madrid. Sin embargo, pese a los problemas logísticos, Puigdemont afirmó que la consulta por la independencia se llevará a cabo el 1 de octubre, tal como había sido planeada.
Para el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, lo que está en causa en este referéndum es la causa de la democracia, la libertad y la justicia.
Para saber más sobre el clima que se respira en España a pocas horas de ese referéndum, conversamos con Joel López Astorkiza, periodista en La Rioja, España, que vivió en Montreal.
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