Los canadienses que quieran expresar su opinión sobre proyectos de construcción de oleoductos tendrán que someterse a un mayor escrutinio por parte del gobierno canadiense.
De acuerdo a las nuevas regulaciones adoptadas por el gobierno conservador de Stephen Harper, cualquier persona que quiera dar su opinión en la materia deberá completar un extenso cuestionario que será aprobado por las autoridades de un gobierno empeñado en explotar los recursos naturales por encima de la protesta ciudadana. Sin la aprobación del gobierno, nadie podrá dar su opinión.
Un caso es el que está ocurriendo en Toronto, en el barrio de Riverdale. En los jardines de las casas han comenzado a aparecer pancartas en rojo y negro con un solo slogan: Stop Line 9. Protect our community from tar sands oil spills, o “No al oleoducto 9. Proteja nuestra comunidad de derrames del petróleo de las arenas bituminosas”.
La empresa petrolera Enbridge quiere utilizar un oleoducto de su propiedad, la Línea 9, para transportar el petróleo crudo de las arenas bituminosas desde la provincia de Alberta hasta Montreal, en la provincia de Quebec.
Actualmente, ese oleoducto sirve para trasportar petróleo menos pesado a través de ciudades grandes como Toronto y Hamilton.
Sin embargo, los miembros de la comunidad que quieran dar a conocer sus preocupaciones sobre este proyecto ahora tienen que completar un cuestionario detallado de diez páginas.
Es una solicitud para poder expresarse públicamente ante el gobierno en la materia, redactado por Oficina Nacional de la Energía, que es una agencia federal creada en 1959 por una ley del Parlamento de Canadá para regular los aspectos internacionales e interprovinciales en los sectores del petróleo, el gas y la electricidad.
El concejal de la Municipalidad de Hamilton, Brian McHatttie, está muy molesto ante esta situación.
Este proceso establecido por el gobierno federal es realmente indignante. Es escandaloso tener que llenar un formulario de diez páginas, al que hay añadir una hija de vida, además de referencias personales. Es realmente una técnica de control político. No es algo a lo que estamos acostumbrados en Canadá.
Brian McHatttie
Esta reglas de control fueron implementadas como parte de la nueva ley federal sobre el medioambiente dictada por el gobierno canadiense, al interior de una ley de presupuesto federal aprobada el año pasado en el Parlamento.
Para Keith Stewart, encargado de campañas sobre el clima y la energía en el organismo de defensa del medioambiente Greenpeace, las intenciones de los conservadores en el poder en Ottawa son claras. Se trata de un intento del gobierno de Harper de reducir la participación pública de la ciudadanía en el debate sobre proyectos controvertidos de explotación de recursos naturales.
Sin embargo, la Oficina Nacional de la Energía, cuyo propósito en teoría es reglamentar, en el interés de la población canadiense, los oleoductos, el desarrollo de recursos energéticos y el comercio de energía, dice que, en este caso, está solamente aplicando las nuevas leyes canadienses que determinan el funcionamiento de las audiencias públicas.
Una portavoz de esta entidad federal, Whitney Punchak, dice que lo que están tratando de hacer es reducir el número de opiniones y comentarios públicos.
El propósito del formulario no es limitar la participación. Lo que queremos es asegurarnos de que vamos a escuchar la opinión de aquellas personas directamente afectadas por el proyecto petrolero para luego integrarlas al proceso.
Whitney Punchak
La Oficina Nacional de la Energía llevará a cabo el próximo mes de agosto una serie de audiencias públicas sobre el proyecto de la petrolera Enbridge, de llevar el petróleo crudo desde las arenas bituminosas de Alberta hasta Quebec.
Mientras tanto, Punchak dice que la Oficina Nacional de la Energía está trabajando para simplificar los formularios y hacerlos más accesibles por el Internet.
Todo esto después de haber recibido una oleada de quejas de parte de la ciudadanía canadiense.
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