El gobierno de Colombia lleva a cabo un proceso de diálogo con la guerrilla de las FARC, la más antigua de ese país y un de las más antiguas del mundo. El presidente Juan Manuel Santos, protagonista y cerebro de los golpes militares más duros que las FARC han recibido en su historia revolucionaria, decidió que el diálogo era la mejor forma de poner fin a décadas de violencia política.
La decisión gubernamental es apoyada por una gran parte de los colombianos pero rechazada por otro sector liderado, entre otros, por el presidente Álvaro Uribe y varios sectores considerados de ultraderecha.
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El periodista Carlos Sandoval analiza, desde Canadá, los inconvenientes políticos que se han generado en Colombia desde que comenzaron los acercamientos de paz entre gobierno y guerrilla.
Las críticas contra el proceso de diálogo, que se lleva a cabo en La Habana, Cuba, se fundamentan en la desconfianza de una parte de la población con la guerrilla debido a los frustrados procesos de paz del pasado. Otra de las razones es que muchos colombianos quieren que la guerrilla pague por los crímenes que ha cometido desde que se inició la confrontación.
Otro sector, más recalcitrante, cree simplemente que la guerrilla es vencible militarmente y que hay que continuar la guerra hasta aniquilarlos completamente o hasta obligarlos a rendirse.
En la orilla del gobierno, la de los diálogos hacia la paz, los argumentos están relacionados con la necesidad de poner fin, de una vez por todas, a una guerra interna que desangra al país desde hace mucho tiempo.
Aunque se podría decir que militarmente el Estado es quien lleva la ventaja y la delantera, para nadie es un secreto que la guerra colombiana ha tenido altos y bajos en los que el uno u el otro de los bandos en la confrontación ha tenido “la sartén por el mago”.

La lógica que mueve a quienes defienden los acercamientos para la paz comienza con lo que consideran una verdad incontestable: aunque la guerra se eternice la guerrilla no podrá ser eliminada completamente.
El argumento es de peso ya que Colombia vivió 8 años constantes de guerra contra la guerrilla durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe, quien hoy se opone a los diálogos.

A pesar de los golpes contundentes y las bajas importantes de jefes y comandantes, la guerrilla sigue viva, con unos 5 o 6 mil hombres según las cifras oficiales, adaptándose a la nueva confrontación y las nuevas técnicas de los militares.
No son pocos los analistas que consideran que las condiciones objetivas que llevaron al conflicto armado que vive Colombia siguen estando vigentes y son, además, el origen de otros problemas que nada tienen que ver con política y que están más bien relacionados con la delincuencia organizada, el narcotráfico, la corrupción, la violencia no política y la inseguridad en las ciudades.
Lo cierto es que el esfuerzo de paz que se está haciendo en Colombia es, quizá, el último paso hacia una paz política pero el primero hacia la solución de los problemas colombianos. En la entrevista de hoy, el invitado recuerda que en Colombia siempre se ha buscado un enemigo al que culpar de todo lo malo.
Las cifras, las realidades en el terreno y las evaluaciones imparciales de la situación colombiana, muestran que la guerra política interna no es el principal factor de violencia en ese país. El final del conflicto permitiría redestinar los miles de millones de dólares que se han gastado, y se siguen gastando, en la guerra.
La inversión social podría aumentar en forma cuantitativa y cualitativa y las autoridades podrían comenzar a desplegar sus operaciones contra la criminalidad organizada y las bandas de delincuentes comunes que operan en barrios y pequeños sectores de las ciudades del país. Quedaría pendiente la solución al problema de las drogas, que no sólo depende de Colombia, que ocasiona violencia y promueve la filosofía del dinero fácil.

Pero, sin duda, un proceso de paz y una desmovilización no podrían fin a la pobreza, ni a la concentración de la riqueza, ni la violencia entre ciudadanos, ni solucionaría definitivamente el problema de las tierras que los grupos armados, de derecha y de izquierda, les han robado a los campesinos.
Por eso sería el primer paso y no el último y por eso la negociación con todos los actores será necesaria en algún momento, según varios de los estudiosos del tema.
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