Miles de opositores marcharon, ayer, en Argentina, para rechazar una reforma que, según los organizadores de las protestas, pone en riesgo la independencia del sector judicial.
El gobierno de la presidente, Cristina Fernández, quiere reformar el poder judicial del país e incluir, entre otras modificaciones, la elección popular de un poco más de un tercio del Consejo de la Magistratura.
Este organismo, que es el encargado de nombrar y destituir a los jueces y está conformado por 19 personas, tendría 7 miembros elegidos por voto popular.
Los opositores consideran que la reforma busca controlar a los jueces y aseguran que la decisión de cambiar las reglas de juego está relacionada con las derrotas jurídicas vividas por el gobierno, en los tribunales, en su confrontación con el diario Clarín.
Las manifestaciones, de ayer, fueron organizadas por una central sindical, dirigida por un ex aliado del gobierno, sectores de derecha, partidos de oposición y un sector socialista.
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