El proyecto de ley S-7, que tiene como objetivo proporcionar nuevas herramientas a las autoridades federales para luchar contra el terrorismo, fue aprobado el miércoles por 183 votos contra 93 en la Cámara de los Comunes.
Los conservadores y los diputados liberales aprobaron la medida, mientras que el Nuevo Partido Democrático (NDP) y otros partidos votaron en contra.
El gobierno había decidido a última hora del lunes llevar el asunto a los Comunes, dando vuelta la agenda del día, el mismo día en que las autoridades anunciaron que habían frustrado un complot terrorista. Ha llegado el momento de actuar, había sostenido al presentar el proyecto de ley.
Los conservadores han justificado su apuro por el ataque de la maratón de Boston, que mató a tres personas e hirió a cerca de 180 el 15 de abril pasado. Para la Secretaria Parlamentaria, Candice Bergen, los acontecimientos recientes demuestran que el terrorismo sigue siendo una «amenaza real».
Un portavoz del Departamento de Justicia, Andrew Gowing, escribió en un correo electrónico que el proyecto de ley S-7 podría proporcionar los medios necesarios para la aplicación de la ley y ayudar a neutralizar las acciones terroristas.
Sin embargo, los grupos de derechos civiles señalaron que varias disposiciones de la ley no son necesarias y pueden ser impugnadas por razones constitucionales.
La oposición dijo al respecto que el entusiasmo con el que el gobierno federal ha votado el proyecto de ley responde al oportunismo político.
Significado del proyecto S-7
El proyecto de ley, que circuló en Ottawa durante más de un año, restaura algunas disposiciones del Código Penal que se encontraba en vigor entre 2001 y 2007, de manera a permitir la prisión preventiva, la libertad condicional o la imposición de declarar.
Por lo tanto, si hay motivos razonables para creer que una persona tiene información acerca de un delito de terrorismo que se ha cometido o que será cometido, el tribunal puede obligar a que la persona comparezca.
También será posible llevar a una persona ante un juez para determinar si se debe imponerle condiciones razonables para prevenir una actividad terrorista.
El gobierno asegura que algunas garantías se han añadido para proteger los derechos de los individuos involucrados, pero la oposición considera que estas garantías no son suficientes.
El proyecto modifica también el Código Penal mediante la creación de nuevos delitos relativos al hecho de abandonar o tratar de salir de Canadá para cometer ciertos actos de terrorismo.
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