Es la primera vez en la historia de América latina que un ex jefe de estado, Ríos Montt, está siendo juzgado por crímenes de genocidio, por la muerte de 1.771 indígenas mayas, entre marzo de 1982 y agosto de 1983, en Guatemala. El juicio, que comenzó el pasado 19 de marzo, fue suspendido un mes más tarde por una jueza de primera instancia que invocó un amparo no resuelto en la fase procesal. ¿Cuál es la explicación jurídica que justifica la suspensión del juicio? ¿Hay intento de interferir en el proceso? ¿De manipular las leyes? ¿Está en juego la credibilidad del sistema judicial guatemalteco? Pascal Paradis, director general de Abogados Sin Fronteras Canadá, con el análisis. Escuche
Hasta el momento han ocurrido ocho audiencias del proceso en las que han testificado contra el general Ríos Montt 70 testigos, llevados por el Ministerio Público. En total son 130 que se tienen previsto brinden su testimonio sobre los hechos que se generaron entre 1982 y 1983. Pero esas audiencias fueron suspendidas.
Ríos Montt, de 86 años, fue acusado por la muerte de 1.771 indígenas mayas asesinados durante las ofensivas militares ordenadas por la dictadura que él encabezó entre marzo de 1982 y agosto de 1983.
El juicio contra Ríos Montt había llegado casi al final de los alegatos finales la semana pasada cuando se produjo la intervención de la jueza Carol Patricia Flores, quien la semana pasada ordenó que el proceso vuelva al punto en el que el ex general fue acusado de genocidio.
Carol Patricia Flores había manejado el caso antes del juicio mismo, pero fue retirada del
proceso en febrero de 2012 por una decisión de la Corte de Apelaciones tras una denuncia de parcialización en contra de los demandados.
Tras ser restablecida la semana pasada por el Tribunal Constitucional como jueza en este proceso, ella determinó que todas las medidas adoptadas en el caso desde que fue retirada del juicio en noviembre de 2011, quedaban nulas.
Muchos especulan que el fallo de Flores tuvo una motivación política en este primer caso de genocidio en contra de un ex presidente en América Latina. Tras semanas de testimonios presentados por decenas de víctimas, soldados y expertos, se reveló que incluso el actual presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, también se encuentra implicado en las masacres cometidas por los militares en ese país.
El histórico juicio ha polarizado a la ya de por sí dividida sociedad guatemalteca y ha traído a la memoria de los ciudadanos los horrores que se registraron en el país durante la guerra interna de 36 años (1960-1996).
Organizaciones exigen continuación del juicio
Las Naciones Unidas (ONU) pidió a Guatemala este martes que actúe «con responsabilidad» y reanude el juicio en contra del general Efrán Ríos Montt y su exjefe de inteligencia, citando que el país latinoamericano debería servir de ejemplo para otros que han fallado a la hora de enjuiciar a acusados de violar derechos humanos; luego de conocer la decisión de la jueza Flores.
Organizaciones de Derechos Humanos pidieron reanudar el juicio mientras activistas se manifestaron con velas y flores por varios días consecutivos frente a la Corte de Constitucionalidad.
La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) exigió también a las autoridades guatemaltecas que reanuden el proceso contra Ríos Montt.
Pascal Paradis, director general de Abogados Sin Fronteras Canadá, explica lo que sucede desde un punto de vista jurídico y también lo que puede estar en juego si el proceso se anula.
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