El gobierno de Guatemala declaró el Estado de emergencia y prohibió las reuniones públicas este jueves en cuatro municipios al este de la capital después de varios días de enfrentamientos violentos entre la policía y los manifestantes anti-mineros.
Los enfrentamientos, en los que participaron guardias de seguridad de las minas, dejaron un saldo de un policía muerto, seis manifestantes heridos con balas de goma, además de varios autos de policía quemados.
Veintitrés policías fueron brevemente retenidos por los manifestantes antes de ser rescatados.
El gobierno envió cientos de policías y soldados, algunos en vehículos blindados. El gobierno dice que los manifestantes están armados con pistolas y explosivos.
Los habitantes de la zona, en su mayoría indígenas Xinca denunciaron que la mina es una amenaza para las fuentes de agua de la población.
El presidente Otto Pérez Molina, un ex general del ejército guatemalteco, declaró que las investigaciones determinaron que varios delitos fueron cometidos, incluyendo el homicidio, el secuestro y la destrucción de propiedad del gobierno.
El ministro del Interior, Mauricio López Bonilla, dijo este jueves que policías y soldados fueron enviados a los cuatro pueblos, sin especificar la cantidad exacta. El Estado de emergencia le permite al gobierno llevar a cabo temporalmente detenciones, realizar búsquedas e interrogar a los sospechosos fuera del marco legal normal.
Los enfrentamientos comenzaron el fin de semana pasado cuando los habitantes de la zona realizaron una serie de protestas en la mina de plata Escobal, de propiedad canadiense, y conocida localmente como mina San Rafael, situada a unos 70 kilómetros al este de Ciudad de Guatemala.
El dueño de la mina, la empresa Tahoe Resources Inc., con sede en Vancouver, provincia de Columbia Británica, dijo que manifestantes armados con machetes se pusieron hostiles el pasado sábado ante la entrada de la empresa y que los guardias de seguridad dispararon gases lacrimógenos y balas de goma para garantizar la seguridad del personal de la mina. Seis manifestantes resultaron heridos por balas de goma.
Los habitantes de la zona temen que la mina subterránea contaminará y secará sus fuentes de agua y otros recursos hídricos. La mina ha recibido los permisos para operar, pero aún no está en funcionamiento.
Ira Gostin, vicepresidente de relaciones con los inversionistas de Tahoe Recursos, señaló que las quejas de que la mina podría afectar las aguas “son totalmente infundadas”.
El decreto de Estado de emergencia abarca los municipios de Jalapa, Mataquescuintla, Casillas y San Rafael Las Rosas.
Yuri Melini, director del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos Derechos, dijo que «creemos que si se han cometido delitos, estos deben ser procesados, pero el derecho legítimo que tiene la comunidad de oponerse a la mina no debe ser criminalizado.”
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