Mediante un proyecto de ley presupuestaria presentado la semana pasada, el gobierno federal canadiense se ha otorgado nuevos poderes. Los suficientes como para intervenir en las negociaciones de contratos en las Sociedades de Estado.
En los países de la mancomunidad británica como Canadá, estas sociedades de Estado, como es la radio pública canadiense CBC, son entidades públicas que en principio están «protegidas de la interferencia constante del gobierno y supervisión legislativa» y por lo general disfrutan de una mayor libertad del control político al que están sujetos los departamentos y ministerios gubernamentales.
Las nuevas medidas inscritas en la ley de implementación del nuevo presupuesto le otorgan al gobierno conservador de Stephen Harper la última palabra sobre todos los convenios colectivos y contratos laborales.
Con estas medidas, Canadá corre el riesgo de ingresar a un período de confrontación y turbulencia entre el gobierno conservador y los sindicatos.
Estas medidas son apenas dos páginas casi al final del proyecto de ley de implementación presupuestaria, pero ha dejado sorprendidos e intrigados tanto a los sindicatos como a los empleadores públicos.
George Smith enseña en la Universidad de Queens, en la provincia de Ontario. Él tiene una larga carrera de negociador para una serie de sociedades de Estado, incluyendo la radio pública CBC, donde negoció convenciones laborales en nombre del empleador. Para él, la decisión de los conservadores de inmiscuirse en este tipo de negociaciones es algo nunca visto.
En mis 40 años de experiencia negociando en nombre del Gobierno federal canadiense con el sector estatal, nunca ha habido algo similar.
George Smith, profesor en Queens University
Desde la otra orilla, la laboral, Denis Lemelin, representante sindical de los trabajadores canadienses de Correos, que es otra Sociedad de Estado, dice que esta es una ofensiva de los conservadores que encubre una intención del gobierno federal de reducir salarios y beneficios.
En el año 2011 perdimos el derecho a la huelga, ahora, con esta ley, estamos perdiendo el derecho a negociar nuestras condiciones de trabajo.
Denis Lemelin, líder sindical de los trabajadores postales
El argumento del gobierno conservador es que esta decisión emana de su voluntad de querer alinear los salarios del sector púbico con el del privado.
Bajo las nuevas reglas, el gobierno federal puede declarar que va a supervisar todos los aspectos de la negociación entre una Sociedad de Estado y sus trabajadores, incluyendo la definición del mandato para las negociaciones.
El gobierno federal también puede también, si así lo desea, imponer su veto a un acuerdo final acordado entre la Sociedad de Estado y sus trabajadores. Inclusive, el gobierno puede decidir sentarse en la mesa de negociaciones.
La legislación no define cuál será el rol del observador del gobierno. Solo establece que no representará ni a la empresa ni a los empleados.
Tony Clement, el presidente del Consejo del Tesoro del gobierno federal, señaló que la intención es defender los interese de los contribuyentes.
Para George Smith, profesor en la Universidad de Queens, este tipo de argumento hace incomprensible la intención del gobierno conservador, porque nadie en el gobierno ha mencionado cuál es exactamente el problema que se quiere solucionar.
Por su lado, los sindicatos han anunciado que lucharán contra esta propuesta legislativa de los conservadores de Harper.
Sin embargo, tomando en cuenta que los conservadores controlan la mayoría de los votos en el Parlamento y en el Senado, esta legislación será sin duda aprobada, lo cual abrirá nuevos frentes de conflicto entre un gobierno que se caracteriza por su afán de controlar el discurso público y aquellas instituciones que promueven una mayor diversidad de voces y puntos de vista.
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