Un grupo de académicos canadienses, periodistas, actores y líderes sindicales envió este domingo una dura carta al primer ministro Stephen Harper pidiéndole que retire de su proyecto de Ley C-60 aquellas cláusulas que le otorgarían al actual gobierno conservador «nuevos poderes sin precedentes e innecesarios sobre las sociedades de la Corona»
“Nosotros, los abajo firmantes, estamos profundamente preocupados por las disposiciones incluidas en el proyecto de ley de presupuesto general C-60 que permiten la participación directa del gobierno en las negociaciones entre los empleados y los empleadores en 48 instituciones de la Corona, incluyendo la radio pública Radio-Canada / CBC, Canada Post y Via Rail”, dice la carta.
Para los críticos del proyecto del gobierno, las disposiciones retiran una libertad fundamental en la democracia canadiense: el derecho a la libre negociación colectiva.
El mensaje también denuncia que la Ley C-60 amenaza a la independencia del radiodifusor público canadiense, Radio-Canada / CBC.
«Al participar directamente en las decisiones de gestión de CBC / Radio-Canada, el gobierno podría acabar participando directamente en las discusiones sobre los programas de noticias y las asignaciones en la mayor organización de mediática en el país. Esta es una línea que no debe ser cruzada en un país democrático», añade el texto.
Dos semanas atrás, el ministro de finanzas Jim Flaherty declaró en la Cámara de los Comunes que las empresas estatales «deben rendir cuentas a los contribuyentes de Canadá» y que para él, ese proyecto de ley “tiene sentido”.
El Parlamento canadiense votará el proyecto de ley C-60 esta semana.
Para el profesor de periodismo Paul Knox, quien enseña en la Universidad Ryerson en Toronto, este proyecto de ley representa una grave amenaza para la calidad de la información y la libertad de expresión en el país.
Paul Knox, quien también hace parte del organismo canadiense Periodistas canadiense por la libertad de expresión, sostiene que la independencia periodística debe ser mantenida y que el argumento del gobierno de Harper, de que las entidades públicas y parapúblicas deben rendir cuentas a los contribuyentes, carece de fundamento ya que existen instancias ya establecidas que garantizan la supervisión de los gastos de la radio pública canadiense.
Por razones que escapan a nuestro control, y por un período de tiempo indefinido, el espacio de comentarios está cerrado. Sin embargo, nuestras redes sociales siguen abiertas a sus contribuciones.