Un experto en derechos humanos de Naciones Unidas llamó este martes a favor de un examen más detallado de las prácticas de interceptación de llamadas telefónicas en todo el mundo, destacando que “la mayoría de los países no protege adecuadamente la libertad de expresión”.
Frank La Rue, investigador independiente de la ONU sobre la libertad de expresión advirtió que, si bien los esfuerzos para garantizar la seguridad nacional y evitar crímenes podrían justificar «el uso excepcional dela vigilancia las comunicaciones”, poco se sabe acerca de las grandes cantidades de datos recogido sobre las personas, incluyendo periodistas y defensores de los derechos humanos, quienes a menudo ignoran que están siendo espiados.
En un informe preparado para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, Frank La Rue, un experto legal guatemalteco, señaló que “los Estados deben ser completamente transparentes sobre el uso y el alcance de los poderes y técnicas de la vigilancia de las comunicaciones.»
La Rue indicó que los Estados deben publicar periódicamente informaciones sobre el tipo de vigilancia telefónica y de Internet que llevan a cabo, y aquellas personas que se encuentran sometidas a esta vigilancia deberían tener el derecho a ser notificadas tras la ejecución de esas actividades de espionaje.
Por otra parte, el experto guatemalteco señaló que las personas también deberían tener el derecho a utilizar la tecnología del cifrado sin tener que proporcionar la clave a las autoridades, una práctica que otorgaría una mayor privacidad a las formas de comunicación más corrientes, pero haría más difícil para las autoridades interceptar las llamadas telefónicas y los mensajes enviados por los criminales.
La Rue explicó que las leyes de muchos países no definen claramente qué tipo de información pueden buscar legalmente las autoridades, mientras que en otros países la legislación es demasiado complicada como para que la mayoría de la población pueda entenderla adecuadamente.
Para protegerse contra el abuso de poder, los países también deberían establecer órganos independientes para supervisar los esfuerzos de interceptación del gobierno.
El informe de La Rue no tiene peso legal, pero sirve como una recomendación que puede ser adoptada por los miembros de las 47 naciones que conforman el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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