La presencia de inversiones y empresas canadienses en América Latina, su responsabilidad social y ambiental y en materia de Derechos Humanos, sigue generando debates en Canadá.
Cuando se firmó el acuerdo de libre comercio entre este país y Colombia, al que se oponían muchas organizaciones sociales, no gubernamentales, civiles y políticas, se creó una especie de salvaguarda paralela: la realización de una evaluación anual de los impactos generados por la presencia de empresas canadienses en ese país.
Sin embargo, según Raúl Burbano, director del organismo canadiense Common Frontiers, Fronteras Comunes, esas evaluaciones de impactos ambientales, sociales y de Derechos Humanos, no se están haciendo seriamente por parte del gobierno. Martín Movilla habló con él.
EscucheEl tema del impacto que tienen las inversiones canadienses en Colombia no es nuevo y se une a las críticas y preocupaciones que generaron el debate antes de la aprobación del acuerdo de libre comercio entre los dos países.

Según unos sectores, la firma del tratado de libre comercio con ese país sudamericano, a pesar de las críticas, abrió la posibilidad para que el gobierno canadiense ejerciera presión sobre su homólogo colombiano en materia de defensa de Derechos Humanos.
Otros sectores aseguran que la situación no ha mejorado, que la firma del acuerdo fue un error y que Canadá no ha hecho nada para exigir mejores resultados a Colombia en cuanto a los Derechos Humanos.
A esto se agrega que muchos críticos creen que las empresas canadienses, fundamentalmente las pertenecientes a la industria extractiva, no contribuyen a crear un clima de respeto a los derechos de los trabajadores locales y, en ocasiones, abusan de ellos. A esto agregan los posibles daños ambientales que están generando esas empresas y la falta de consulta con la población a la hora de comenzar megaproyectos.
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