La deportación de una mujer mexicana, que tuvo que llevarse a sus dos bebés nacidos en tierras canadienses y dejar a su esposo, creó una ola de solidaridad entre la comunidad latinoamericana y llevó a que una diputada federal de Canadá y varias organizaciones comenzaran un movimiento de solidaridad con la familia para pedir al gobierno intervenir y ayudar a solucionar la separación forzada.
Martín Movilla habló con Leopoldo Granados, el marido que se quedó aquí debido a que no puede volver a México por razones de seguridad.
La historia de la familia Granados-Hernández comenzó en México, país de origen de los padres de familia. Aunque cada uno vivió sus propias experiencias desagradables, que los llevaron a pedir refugio de forma individual en Canadá, la vida quiso que se encontraran aquí y unieran sus destinos.
EscucheLa historia de cada uno
Leopoldo, el padre, pidió refugio luego de haber sido amenazado de muerte, según sus palabras, por la familia de su ex esposa quien se encuentra en coma, desde el 2000, debido a una meningitis. La familia de la mujer lo considera responsable de sus problemas de salud. Antes de salir de México, agrega Leopoldo, hizo sus papeles de separación y partió con su hijo, hoy de 12 años, a buscar la protección canadiense.
Leopoldo Granados es, hoy, residente permanente luego de que las autoridades le concedieran el refugio.
Enet, la madre, llegó a Canadá huyendo, según su testimonio, de acciones de violencia conyugal que pusieron en riesgo su vida. Su casó se presentó ante las autoridades migratorias insistiendo sobre el riesgo que corría si regresaba a su país de origen.
La Pareja y el matrimonio
Leopoldo Granados y Enet Hernández se conocieron hace 8 años y el flechazo fue instantáneo. La historia de amor fue conocida por amigos de la pareja y por sus respectivos hijos, fruto de las uniones que ambos habían vivido en su México Natal.
Antes de conformar un hogar como pareja, Enet vivía con su hija Fernanda, que hoy tiene 17 años, y Leopoldo con su hijo de igual nombre que hoy tiene 12 años.
Los nuevos enamorados decidieron compartir la vida y crear una “familia reconstituida” como se le dice aquí a las uniones entre personas separadas que se unen y aportan a la nueva familia los hijos de sus matrimonios o uniones anteriores.
Seis años después, nació Maximiliano, hijo de la pareja que hoy tiene dos años y, meses más tarde, llegó Paulina, la bebé que sólo cuenta con 4 meses de nacida.
Sabiendo que querían quedarse juntos para siempre, Leopoldo y Enet decidieron casarse, en marzo de este año. Para hacerlo, Leopoldo adjuntó, a su separación traída desde México, un divorcio pronunciado en Canadá.
Los problemas
Aunque, dice Leopoldo, su esposa había sido aceptada por el programa de reunificación familiar en noviembre del 2012, Enet tuvo que ir a una cita en inmigración en la que la que la agente con la que habló acusó a su marido de bigamia.
Ese episodio cambió la vida de los Granados-Hernández: Enet fue deportada a México, el pasado 30 de abril, y tuvo que llevarse con ella a sus dos bebés que la necesitan para la alimentación y los cuidados, a pesar de que ambos nacieron en tierras canadienses. Junto a ella, también partió su hija Fernanda.
El trabajo de Leopoldo no le permite ocuparse solo de los niños.
Los apoyos
Además de los papeles presentados sobre su matrimonio la separación y el divorcio de Leopoldo y de haber comenzado un nuevo proceso de apadrinamiento para su esposa, Leopoldo trató, en vano, de explicar su situación a las autoridades migratorias.
La deportación de su mujer, la necesidad de comenzar el proceso de nuevo para que ella pueda regresar, junto con sus bebés, a vivir con él y la imposibilidad de encontrar alguien que se apersonara de su caso en inmigración llevaron a Leopoldo a pedir ayuda.
La diputada federal de la circunscripción de Hochelaga, Majolaine Boutin-Sweet, simpatizó con la familia y su situación de separación forzada y aseguró que es trsite constatar que “ese drama familiar habría podido ser evitado si la mano derecha hablara con la izquierda”, en clara referencia a las dependencias de inmigración que manejaron los casos de la familia de origen mexicano.
Además, la diputada federal aseguró que “Nadie debería pagar el precio de un sistema administrativo, por lo menos, caótico”.
Un sector de personas y organizaciones latinoamericanas también se movilizaron para presentar una petición, en los próximos días, al ministro de Inmigración de Canadá para que estudie el caso.
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