Según el Colectivo Mexicanos Unidos por la Regularización, durante el año 2012 el gobierno federal canadiense expulsó de país a siete mexicanos por día. En el 2013 esa cifra se elevó a 10 por día, esto debido al hecho de que México hace parte de la lista de países seguros.
Esta lista de países que en principio son democráticos y no tienen conflictos mayores capaces de crear oleadas de refugiados hace parte de los cambios impuestos por el gobierno federal canadiense, cuya política en materia de refugio e inmigración ha sido moldeada en parte por la óptica conservadora de dar prioridad a los tratados de libre comercio y las exportaciones.
Desde esta perspectiva, México es un país seguro, pese a los más de 60.000 muertes vinculadas a la guerra contra el narcotráfico lanzada por el ex presidente Felipe Calderón en 2006.
En ese contexto, en un café de Montreal, Canadá, una mexicana indocumentada explica la situación en la que se encuentra su hija, quien para seguir en la escuela tendrá que pagar una matrícula como estudiante extranjera que se eleva a miles de dólares.
Dada su situación de personas indocumentadas en Canadá, ambas mujeres, madre e hija, optaron por no dar sus nombres. Sin embargo, el dilema en el que ellas se encuentran no es un caso único.
De acuerdo al Colectivo Educación sin Fronteras, los padres de los niños indocumentados estarán obligados «a pagar entre 5.000 y 6.000 dólares por gastos de inscripción» para que sus hijos puedan cursar el año académico que está a punto de comenzar.
Lo que este organismo pide a las autoridades de la provincia de Quebec es una ley que garantice el libre acceso a las escuelas públicas de Quebec para todos los niños sin excepción.
Por su lado, el Ministerio de Educación de Quebec envió recientemente a los Consejos escolares un documento informativo que indica la aplicación de varios cambios administrativos para eximir de este costo financiero a los estudiantes que viven en una situación económica precaria.
El documento, difundido el pasado miércoles por el Colectivo Educación sin Fronteras, especifica que los hijos de los solicitantes de asilo, de los trabajadores temporales cuyo permiso de trabajo haya caducado hace al menos un año, o en el caso de los niños que se encuentran bajo tutela de la Dirección de protección de la juventud o de los Servicios sociales, estarán exentos del pago de la matrícula escolar.
Desde la perspectiva del Colectivo Educación sin Fronteras, estas modificaciones administrativas no significarán mayores cambios para los niños que viven en Quebec en la situación más precaria, es decir, en la clandestinidad.
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