Los eventos tenían un triple proposito:
- Volver a denunciar el asesinato de un líder social que habría sido asesinado por su militancia contra un proyecto minero canadiense,
- Hacerle seguimiento a la investigación que abrió la GRC, la policía federal de Canadá, sobre la minera Blackfire y los presuntos pagos de sobornos a un alcalde mexicano y
- Exigir una reglamentación que permita investigar en el territorio canadiense las posibles actuaciones irregulares y/o ilegales de las empresas mineras que operan en el extranjero.
En el caso del asesinato de Mariano Abarca, y de las exigencias de su familia para que las autoridades de Canadá investiguen el caso, se llevó a cabo una manifestación frente a la embajada canadiense en la capital mexicana.
Martín Movilla habló con Eva Mascolo Fortin, del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, sobre la importancia del tema para los canadienses.
La Investigación de la policía canadiense
La Gendarmería Real de Canadá (GRC) decidió investigar las denuncias en torno a los posibles pagos ilegales de la compañía minera canadiense Blackfire al alcalde de una pequeña ciudad mexicana.
La decisión es el resultado de las informaciones presentadas por una coalición de organizaciones, canadienses, que entregó a las autoridades pruebas de los depósitos bancarios mensuales que hizo la compañía minera en la cuenta del alcalde de Chicomuselo.
Según los documentos en poder de la GRC, la empresa minera habría pagado ilegalmente, al alcalde Julio César Velázquez, 19 300 dólares “para garantizar la paz e impedir que miembros de la comunidad local se rebelen contra la mina”.
Lo que dice la minera Blackfire
La compañía asegura que no pagó, de forma intencional, sobornos al alcalde y que siempre pensó que los dineros depositados en sus cuentas serían utilizados en beneficio de los ciudadanos de la localidad de Chicomuselo para, sobre todo, mejorar los servicios públicos.
En una declaración enviada a los medios de comunicación, cuando se conocieron las investigaciones de las autoridades canadienses, la empresa minera aseguró que “Cuando nos enteramos de que esos fondos servían posiblemente a otros fines, paramos los pagos”.
Es importante decir que frente al caso del asesinato del activista Mariano Abarca, a pesar de las denuncias de las organizaciones de Derechos Humanos y de voceros de la comunidad de Chicomuselo, no existe ninguna investigación contra la empresa Blackfire.
La compañía minera ha repetido que, además, siempre ha colaborado con la GRC en el caso de la investigación sobre corrupción de agentes públicos extranjeros.
El caso de la embajada canadiense en México
Según los documentos internos del ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, obtenidos por las ONG según lo estipulado en la Ley de Acceso a la Información, la embajada canadiense en México habría ofrecido un apoyo activo e incondicional al proyecto minero.
Las organizaciones sociales implicadas siempre han dicho que la embajada apoyó a la empresa minera de manera sistemática a pesar de las denuncias y la controversia que se generó en torno a ella.
«Sin embargo, aún después del asesinato, de la clausura de la mina y de las denuncias por corrupción, la Embajada siguió defendiendo a la empresa ante funcionarios mexicanos, además de entregar información a la Blackfire que le permitiera demandar al estado de Chiapas por clausurar la mina, de acuerdo ello al marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN).» Extracto del informe, publicado por Mining Watch, en Canadá, sobre la minería en México y los casos en cuestión.
El gobierno siempre ha dicho que Canadá sigue de cerca la situación de Derechos Humanos en México y que siempre espera que las empresas canadienses que operan en el extranjero respeten las leyes de esos países y las normas éticas de Canadá.
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