Ayer martes el Consejo de los pueblos mayas de occidente en Guatemala presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alegando que la Ley minera en Guatemala fue aprobada sin consulta previa con los pueblos indígenas, tal como lo estipulan las leyes nacionales como internacionales.
Según Jen Moore, del organismo canadiense no gubernamental MiningWatch, esta demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el último recurso que les queda a las organizaciones indígenas, que ya agotaron todos los recursos internos para poner fin a violaciones de sus derechos como resultado de la actual legislación minera en Guatemala.
La organización indígena ya impugnó la constitucionalidad de la Ley de Minería de 1997 en julio de 2012 ante la Corte Constitucional de Guatemala. Sin embargo, en marzo de 2013, el Tribunal Constitucional confirmó la legitimidad de la ley de minería.
Ese fallo contradice las obligaciones legales del Estado guatemalteco de consultar con los pueblos indígenas antes de la aprobación de políticas que tienen un impacto significativo en sus territorios.
Udiel Miranda, abogado del Consejo de los Pueblos Mayas y Xinca, explicó qua demanda de los indígenas mayas plantea que el Estado no ha tomado en consideración las 80 consultas comunitarias en las que se rechazaron los proyectos mineros e hidroeléctricos.
La Ley de Minería de Guatemala, aprobada en 1997, les ha permitido a las autoridades otorgar 32 licencias de explotación, de las cuales tres son de minería metálica, en departamentos que tienen población mayoritariamente indígena.
El Estado, dijo la representante del pueblo maya K’iche’, Aura Chávez, ha violado los derechos políticos y de igualdad ante la ley al no respetar el resultado de las consultas comunitarias por considerar que no son vinculantes.
Los pueblos Achi, Ixil, Kaqchikel, K’iche’, Mam, Popyi’, Sipakapense y Xinca piden a la CIDH analizar la denuncia contra el Estado por no garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos políticos y de consulta y que haga las observaciones del caso.
En julio pasado, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, anunció una moratoria de dos años en la minería extractiva con el fin de dar espacio para que se discuta una nueva normativa que regule esos proyectos.
Según datos del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala, a la fecha se encuentran vigentes 86 licencias de exploración y 282 de explotación en distintos departamentos. Otras 598 solicitudes están a la espera de ser autorizadas.
La Relatora de los Pueblos Indígenas, Dinah Shelton, dijo en 2012 que el Estado de Guatemala tiene la obligación de consultar a la población indígena y garantizar su participación en las decisiones relativas a cualquier medida que afecte sus territorios
El Consejo de los pueblos mayas de occidente es una coalición de autoridades e instituciones indígenas de siete departamentos de Guatemala. La denuncia presentada ante la CIDH tiene 32 signatarios en representación de ocho grupos indígenas componen el Consejo de los pueblos mayas de occidente.
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