El primer ministro de Libia, Ali Zeidan fue secuestrado y liberado algunas horas más tarde, por un grupo de ex rebeldes, que depende oficiosamente de los ministerios del Interior y de Defensa.
Ali Zeidan declaró en su cuenta Twitter que estaba bien y agregó que sus secuestradores se equivocaban si piensan que va a renunciar.
Un poco antes, el gobierno libio había declarado que se trataba de un “acto criminal” y que no cedería al chantaje. El gobierno quiso así tranquilizar a las representaciones diplomáticas y los expatriados en Libia, afirmando que tenía la situación bajo control. Después del anuncio del secuestro, el pánico cundió en los medios diplomáticos y compañías extranjeras, y varios vuelos hacia Trípoli fueron cancelados.
El gobierno libio dice que no dispone todavía de los detalles sobre las circunstancias de la liberación del Primer ministro. Un portavoz gubernamental declaró no obstante, que Ali Zeidan “fue rescatado y no liberado” por sus secuestradores, dejando entender que una operación se había llevado a cabo.
El grupo que lo secuestró, la Célula de operaciones de los revolucionarios de Libia, afirma que detuvo al Primer ministro por orden de la fiscalía y conforme a los artículos relativos a los “crímenes y delitos perjudiciales para el Estado” y “a la seguridad del Estado”.
Un hombre que se presentó como el portavoz de la “brigada de lucha contra el crimen” de la célula dijo que Ali Zeidan se encuentra en buen estado de salud y que será bien tratado.
El secuestro se produjo 5 días después de la captura en Trípoli, de Abu Abas Al-Libi, presunto jefe de Al-Qaeda, por un comando estadounidense.
La Célula de operaciones de los revolucionarios de Libia anunció después en un comunicado, “un estado de alerta máximo frente a los atentados contra la soberanía del país por parte de servicios de inteligencia extranjeros”.
Ali Zeidan ocupa el cargo de primer ministro desde hace un año. El hombre de 63 años de edad es presentado como un liberal. Recientemente, su rivalidad con los Hermanos Musulmanes libios fue hecha pública y algunos diputados en la Asamblea nacional reclamaron su despido.
Desde la caída del régimen de Muamar Gadafi en octubre de 2011, las autoridades de transición tienen problemas para controlar a los grupos de ex rebeldes que combatieron el antiguo régimen. Reunidos en milicias armadas, estos ex rebeldes, dominadas por los islamistas, llenan el vacío en materia de seguridad dejado por un Estado debilitado.
Las autoridades han fracasado hasta el momento en formar una policía y un ejército profesional y legitimaron esas milicias, otorgándoles tareas relacionadas con la seguridad.
Así, recientemente, el Congreso General Nacional, CGN, la más alta autoridad del país, pidió a la Célula de operaciones de los revolucionarios de Libia que se desplegara en Trípoli para garantizar la seguridad en la capital, golpeada por un aumento de la criminalidad.
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