La Comisión de los derechos de la persona considera que varias propuestas en el proyecto de Carta de valores del gobierno de Quebec menoscaban los derechos y libertades.
La Comisión considera que la prohibición del uso de símbolos religiosos ostensibles de los empleados del Estado «no pasa la prueba» de la Carta de Derechos y Libertades de Quebec.
También cree que la supervisión de los “acomodamientos” religiosos propuesta por el gobierno de la primera ministra Marois puede afectar a otros tipos de acomodamientos, tales como las personas con discapacidad.
«Las políticas del gobierno plantean serias preocupaciones. Se trata de una ruptura neta con la Carta de derechos y libertades, esta ley cuasi-constitucional aprobada por la Asamblea Nacional en 1975. Esta es la propuesta de enmienda más radical a la Carta desde su adopción. » – Jacques Frémont, Presidente de la Comisión.
La prohibición del uso de símbolos religiosos, un factor de exclusión
Según la Comisión, las disposiciones que prohíben el uso de símbolos religiosos ostensibles en el sector público están en violación de la Carta de derechos y libertades, y no » resisten un escrutinio judicial en el estado actual de la ley. » Habría que recurrir a una cláusula de excepción para validarlas.
«El tema de la libertad de religión es un asunto personal y subjetivo. No le corresponde al Estado ni a nadie juzgar si la creencia es sincera, nadie puede juzgar si el uso de símbolos religiosos es obligatorio o no […] y las enseñanzas de los tribunales son muy claras a ese respecto. Por ello, la Comisión dice que si se quiere ir por ese sendero, el único camino a seguir es el de la cláusula de excepción» Jacques Frémont
La Comisión considera que esta prohibición excluiría a muchas personas de un puesto de trabajo, en función de sus símbolos religiosos. Esto violaría los derechos a la libertad de expresión y a la igualdad en el empleo, dijo.
Según el organismo, la Carta de valores se equivoca al vincular la prohibición del uso de símbolos religiosos con la neutralidad del Estado. En su opinión, la neutralidad se aplica a las instituciones, y no a sus agentes.
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