Una nueva encuesta realizada entre científicos que trabajan en el servicio público federal encontró que casi uno de cada cuatro científicos recibió la orden de excluir o modificar la información por razones no científicas.
Alejandro Frid es un biólogo marino graduado de la Universidad Simon Fraser. Actualmente trabaja en la Alianza Indígena de Recursos de la Costa Central, en la provincia de Columbia Británica, llevando a cabo investigación ecológica. Él nos explica que las limitaciones a la libertad de expresión científica en Canadá empezaron en 2007.
El investigador de raíces mexicanas, Alejandro Frid, destaca que en Estados Unidos los científicos tienen una mayor libertad de comunicar su trabajo científico con la prensa y la opinión pública y que Canadá debería inspirarse en ese modelo.
Otra entidad que denuncia esta situación es el organismo canadiense Evidencia para la Democracia (E4D), que aboga por la transparencia en el uso de la ciencia y la evidencia científicas en las políticas públicas y la toma de decisiones gubernamentales.
Se trata de una organización nacional que se formó como respuesta a la preocupación ocasionada por los recortes presupuestarios impuestos por el actual gobierno conservador canadiense a las principales instituciones científicas.
Otra fuente de preocupación son las políticas impuestas por el gobierno canadiense que restringen el flujo de información científica al público.
Evidencia para la Democracia sostiene que los gobiernos pueden verse tentados a tomar decisiones por razones puramente ideológicas o por conveniencia política, esto a menos que la ciudadanía canadiense se haga escuchar y exija que las decisiones de gobierno se basen en evidencia científica.
Para Evidencia para la Democracia la producción, la recopilación, la evaluación rigurosa y la comunicación abierta de la ciencia es fundamental para un debate público informado y para el funcionamiento adecuado de la democracia.
La encuesta de opinión, titulada “The Big Chill ” o El gran silencio, fue encargado por el Instituto Profesional del Servicio Público de Canadá, y presenta un cuadro en el que los científicos del gobierno sienten que están siendo amordazados.
El 90 por ciento de los encuestados informaron que tienen el sentimiento de que no se les permite hablar libremente a los medios de comunicación sobre los resultados de su trabajo científico, mientras que un 86 considera que sufrirá represalias si presenta al público información sobre daños a la salud pública, a la seguridad o al medioambiente.
Cerca del 71 por ciento de los encuestados dijo que la interferencia política ejercida por el gobierno conservador canadiense pone en peligro el desarrollo de políticas basadas en la evidencia científica, y casi la mitad de los científicos consultados estaban al tanto de situaciones en las que su departamento o agencia de gobierno suprimió información.
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