El máximo tribunal de la provincia de Ontario determinó mediante fallo que una sentencia mínima obligatoria de tres años por posesión de un arma prohibida es inconstitucional.
Con esta decisión, la Corte de Apelación de Ontario echa por tierra un pilar de la agenda conservadora federal establecida en una ley ómnibus en 2008.
Una ley ómnibus cubre una serie de temas diferentes o no relacionados. En este caso se usa la palabra ómnibus, derivada del latín, que significa “para todo”. Un proyecto de ley ómnibus es un documento único que es aceptado mediante votación única por una legislatura.
Debido a su gran tamaño y sus alcances, los proyectos de ley ómnibus tienen como propósito limitar las oportunidades para el debate y el escrutinio. Históricamente, estas leyes ómnibus o consolidadas fueron utilizadas para aprobar enmiendas y leyes polémicas. Por esta razón, las leyes ómnibus son consideradas como antidemocráticas.
El gobierno conservador del primer ministro Stephen Harper ha recurrido en repetidas ocasiones a esta práctica para hacer aprobar sus proyectos de ley, pese a las protestas de la oposición en el Parlamento.
En Ontario el tribunal consideró que una sentencia de tres años de cárcel por una primera ofensa
Por el crimen de portar un arma prohibida es «un castigo cruel e inusual».
La Cortes de la provincia más populosa señaló que este fallo no tendrá impacto significativo en sentencias impuestas a individuos involucrados en actividades criminales o que a representan una amenaza, añadiendo que estas personas deberían sigue recibiendo sentencias que enfatizan la disuasión y la denuncia.
La Corte de Apelaciones atendió seis casos en febrero en los que cada uno planteaba un desafío constitucional al principio de la sentencias mínima obligatoria aplicada a diversos delitos con armas de fuego.
Los abogados del gobierno federal argumentaron en defensa de la ley, destacando la ola de violencia armada ocurrida en 2005, que empujó a los conservadores en Ottawa a buscar la implementación de sanciones más severas.
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