En uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 85.5 homicidios por cada 100.000 habitantes, el combate a la delincuencia se ha constituido en el elemento electoral por excelencia.
Durante el gobierno actual, del Partido Nacional, el país ha quedado sumido en una espiral de violencia donde se mezcla la delincuencia de pandillas con la guerra entre carteles por controlar uno de los puntos estratégicos de la ruta del narcotráfico, las diversas actividades del crimen organizado —secuestros, extorsiones, robo forestal— y una policía con procesos judiciales por corrupción, ejecuciones extrajudiciales y vínculos con el narcotráfico.
Este es el contexto de las elecciones del domingo próximo en Honduras, país todavía marcado por el derrocamiento en 2009 del ex jefe de Estado Manuel Zelaya.
Ocho candidatos, entre ellos la esposa del presidente derrocado Xiomara Castro (izquierda), se disputan la sucesión de Porfirio Lobo (conservador), elegido a finales de 2009.
El 9 de junio de 2009, una coalición de militares, políticos y empresarios conservadores derrocaron durante la noche el presidente Zelaya, elegido en 2005 por su programa liberal, pero que luego había hecho un giro a la izquierda, acercándose al presidente de Venezuela, Hugo Chávez.
Con aproximadamente el 27 y el 28% de los votos, según las encuestas, dos candidatos principales están en carrera : Xiomara Castro, la esposa de Manuel Zelaya —el presidente derrocado en el golpe de Estado de 2009—, y candidata del nuevo partido LIBRE. Promete sacar a los militares de las tareas de seguridad pública y establecer una policía comunitaria.
Y Juan Orlando Hernández, actual presidente del Congreso, el candidato del Partido Nacional.
Partidaria de un » socialismo democrático hondureño » Xiomara Castro, de 54 años, quiere convocar a una «asamblea constituyente » para «refundar » el país y llama a la «reconciliación » con los que dieron el golpe de Estado.
Su candidatura representa la mejor oportunidad para poner fin al bipartidismo de la derecha, intercalados con los gobiernos militares, que reina en el país desde hace más de un siglo entre el Partido Nacional y el Partido Liberal , representado por el abogado Mauricio Villeda ( tercero en las encuestas, 17 % ).
Violencia, pobreza e impunidad
Investigadores del Centro americano de Investigación Económica y Política (CEPR) presentaron a principios de noviembre un informe titulado «Honduras desde el golpe «, destacando la deterioración de los indicadores sociales después de 2009.
El contratista Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industriales ( ANDI) , llama «desastre » a la gestión del presidente saliente Porfirio Lobo, y expresó además su apoyo a la Sra. Castro , a pesar de haber apoyado el derrocamiento de su marido.
El futuro presidente también deberá encargarse de la situación en el valle del Aguán (noreste), donde cientos de pequeños agricultores han muerto en cuatro años en enfrentamientos con las milicias privadas que trabajan a las órdenes de terratenientes.
«La impunidad es rampante en Honduras «, se lamenta la organización Amnistía Internacional en una carta enviada a los ocho candidatos manifestando su preocupación por las violaciones en curso de los derechos humanos que también afectan a periodistas y abogados.
Para Adan Palacios de la ONG local Monitor Electoral la «debilidad institucional es la causa de todo los males”. La crisis (nacida) del golpe de Estado no se ha resuelto «, insiste.
5,4 millones de hondureños son llamados a participar en las elecciones del domingo para elegir presidente y también designar sus 128 diputados y renovar 298 consejos municipales en el país, bajo la mirada de los observadores extranjeros, incluyendo a Canadá.
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