Cuando un canadiense comete un delito, una vez hallado culpable por la justicia, debe cumplir con la sentencia. Al ser hallado culpable, la persona acaba teniendo antecedentes penales, que son los documentos y anotaciones efectuada en los registros especiales sobre las personas condenadas a sentencias firmes dictadas en procesos por comisión de delito.
Con el tiempo, esos antecedentes penales se convierten en un gran obstáculo, no solo para poder viajar libremente de un país a otro, sino que además le impiden a la persona que ha cumplido su sentencia encontrar un trabajo.
Por esta razón existe en Canadá un mecanismo que permite solicitar el indulto, o perdón criminal, que es una forma de pedirle al gobierno de efectuar un borrón del pasado y empezar una cuenta nueva.
En Canadá, estos indultos son administrados por la Comisión de liberaciones condicionales de Canadá, que opera de acuerdo a las directrices de la Declaración de Registros Criminales, del Código Criminal y otras leyes.
En el pasado, para obtener ese perdón, el Código Criminal establecía un periodo de tres años de espera por los delitos menores, y de cinco años por los graves. El periodo de espera comenzaba tras la conclusión del juicio. Ahora todo esto ha cambiado.
En la actualidad, cada vez son menos los canadienses que solicitan el indulto, esto debido a que el gobierno federal elevó el costo de la solicitud y cambió las reglas a fin de que las personas condenadas tengan que esperar más tiempo antes de poder solicitar una suspensión de sus antecedentes penales.
Los cambios entraron en vigor en la primavera de 2012. En el período de un año, las solicitudes de suspensiones de antecedentes penales recibidas por la Comisión de Libertad Condicional de Canadá bajaron un tercio, de 29.832 a 19.526.
Howard Sapers, investigador del Servicio Penal de Canadá, dijo que esa reducción se debe a que el actual gobierno conservador, que se caracteriza por un discurso de mano dura contra los delincuentes, aumentó el costo de esa solicitud de 150 a 631 dólares.
Norman Boxall, un abogado especializado en defensa criminal en Ottawa, está de acuerdo en que el alto costo de la solicitud de perdón criminal puede ser una barrera para algunos, pero él considera que el mayor impacto es el causado por el largo período de espera antes de que las personas con antecedentes criminales puedan solicitar una suspensión de los registros.
Para las infracciones sumarias, el período de espera se extendió de tres a cinco años, por delitos más graves el período de espera pasó de cinco a diez años. Boxall dice que esta larga espera, sumada a la lentitud del proceso que puede durar dos años, está perjudicando sobre todo a los más jóvenes.
Una persona joven, que puede estar en primer año de universidad y está involucrada en alguna transgresión en la que puede haber recibido una sanción de libertad condicional o una multa, no logrará obtener una suspensión de sus antecedentes penales hasta llegar a sus treinta años, y para entonces esa persona habrá perdido muchísimas oportunidades de empleo.
Norman Boxall, un abogado especializado en defensa criminal en Ottawa,
La criminóloga Samantha McAleese informó que son cada vez más los empleadores que solicitan a los candidatos a un empleo la verificación de sus antecedentes penales, lo cual representa un gran obstáculo para aquellos que no pueden permitirse el lujo de solicitar una suspensión de su registro penal o que tienen que esperar muchos años antes de ser elegibles para hacerlo.
Ella dice que ser indultado ayuda a la gente a perder la etiqueta de ser un criminal y le permite avanzar en la vida.
Howard Sapers, investigador del Servicio Penal de Canadá, dice que está preocupado por los altos costos del perdón, por el largo período de espera y por las 15.875 solicitudes de suspensión que se encuentran atascadas en el proceso. Todo esto está extendiendo las sentencias de castigo impuestas por las cortes.
En un correo electrónico enviado a la radio pública CBC, la Comisión de Libertad Condicional Canadá informó que actualmente no existe retraso en el procesamiento de las solicitudes recibidas después del 22 de febrero de 2012 cuando la nueva tarifa de solicitud de indulto entró en vigor junto con los nuevos requisitos de servicio.
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