Según el organismo Amnistía Internacional la respuesta internacional a las consecuencias del devastador terremoto de 2010 en Haití ha sido insuficiente.
A cuatro años después del devastador terremoto que mató a unas 200.000 personas y dejó unos 2,3 millones de damnificados, muy poco se ha hecho para asegurar el respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a una vivienda adecuada en Haití.
Más de 170.000 personas viven todavía en más de 300 campamentos de desplazados, en la mayoría de los casos en condiciones terribles, sin acceso a servicios básicos esenciales como el agua potable, baños y alcantarillado. Mientras que las nefastas condiciones sanitarias los dejan expuestos al riesgo de cólera y otras enfermedades, la falta de verdaderas viviendas los deja vulnerables a las inundaciones y otras condiciones climáticas adversas, especialmente durante la temporada de huracanes.
En Canadá el organismo llamado Coalición por Haití (CPH) dio a conocer este jueves los resultados de una nueva investigación sobre la ayuda canadiense a Haití. Entre sus conclusiones se destaca la falta de transparencia y cuestiona el modelo de desarrollo que impone Canadá.
A cuatro años del terremoto que devastó el país, el informe de la Coalición para Haití señala que aunque hay algunos avances en la reconstrucción, la situación continúa siendo crítica.
La investigación fue realizada por Paul Cliche, investigador asociado a la Red de estudios de dinámicas transnacionales y de acción colectiva (REDTAC) de la Universidad de Montreal.
Una primera observación es la falta de información y de precisiones sobre los montos desembolsados por el Gobierno de Canadá.
Por ejemplo, es imposible saber quiénes recibieron más de dos tercios de los fondos de ayuda para la reconstrucción, una suma equivalente a casi 555 millones de dólares.
Otra preocupación es el problema de la reubicación de la población afectada, tema central de la reconstrucción que está lejos de ser resuelto.
Según datos de la ONU publicados el 30 de septiembre de 2013, unas 171.974 personas todavía permanecen en 306 refugios temporales.
Los objetivos de la reconstrucción apenas han llegado al 13 %. Las dos estrategias preferidas fueron la construcción de refugios temporales y la entrega de subsidios para el alquiler de un techo en lugar de la reparación o reconstrucción de viviendas permanentes.
La Coalición por Haití también señaló que está claro que la orientación del gobierno canadiense es subordinar el desarrollo internacional y la reducción de la pobreza en los intereses comerciales de Canadá.
El gobierno canadiense dirige su ayuda al desarrollo de las zonas de explotación minera y las zonas francas.
La investigación llevada a cabo por Paul Cliche demuestra los efectos nefastos de este un modelo de desarrollo. Por ejemplo, en la zona franca del Parque Industrial Caracol, ubicada al noreste del país, ninguna de las empresas respeta el salario mínimo, tampoco proporcionan instalaciones adecuadas a sus trabajadores, como baños o comedores. El 91% de esas empresas no ofrece condiciones de seguridad aceptables.
El informe destaca que las instituciones haitianas, ya sean públicas o de la sociedad civil están casi ausentes del proceso de ayuda humanitaria y reconstrucción.
Este proceso está en gran parte bajo control extranjero, los actores haitianos fueron prácticamente eliminados. Sin estos actores locales, se pregunta la Coalición para Haití, ¿cómo podemos esperar un desarrollo sostenible?
Tras los hallazgos de este informe, la CPH está buscando una reunión con los responsables políticos canadienses para redefinir la orientación de la ayuda canadiense y encontrar soluciones duraderas que fomenten una verdadera reconstrucción social y económica de Haití.
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