El gobierno federal canadiense no tiene la menor intención de crear una nueva comisión parlamentaria para estudiar el tema de la seguridad en el país. Ayer martes en el Parlamento, la mayoría conservadora rechazó por 146 votos contra 130 un proyecto de ley sobre el tema.
Uno tras otro, los diputados conservadores manifestaron en la Cámara de los Comunes su oposición al proyecto de ley de iniciativa parlamentaria presentado por el crítico liberal en materia de seguridad pública, Wayne Easter.
Ese proyecto de ley, presentado el pasado noviembre, habría permitido a los parlamentarios el acceso a información altamente confidencial. Los diputados y senadores que actualmente trabajan en las comisiones parlamentarias no tienen acceso a esa información.
El Centro Canadiense de Seguridad en Telecomunicaciones (CSTC), con sede en Ottawa, vigila las actividades informáticas en el extranjero, desde los satélites a las conversaciones vía radio y teléfono entre individuos, Estados y las organizaciones y grupos supuestamente terroristas, recopilando y almacenando toda esta información.
Los conservadores repitieron en varias ocasiones que el juez Jean Pierre Plouffe, el encargado de examinar las actividades del CSTC, habían llegado a la conclusión en sus informes que la organización canadiense de espionaje y vigilancia cumple con las leyes que protegen la privacidad de los canadienses.
Ante las aseveraciones de los conservadores, la diputada liberal Joyce Murray respondió durante los debates en el Parlamento que los poderes del juez Plouffe eran demasiado limitados como para permitir una supervisión verdaderamente eficaz de las acciones llevadas a cabo por el Centro Canadiense de Seguridad en Telecomunicaciones.
El gobierno del primer ministro Harper cree que el juez Jean Pierre Plouffe y su equipo lleva a cabo un buen trabajo de supervisión del CSTC, por lo cual la creación de una nueva comisión parlamentaria sería un derroche de fondos públicos.
Sin embargo, varios diputados y senadores que siguen de cerca el tema de la seguridad nacional y las acciones de las entidades de seguridad e inteligencia se quejaron del hecho de no poder exigir la rendición de cuentas de parte de los servicios canadienses de inteligencia debido a que no tienen ningún acceso a la información confidencial que manejan estas entidades.
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