En Ottawa, los empleados del Parlamento canadiense están inquietos por un proyecto de ley del diputado conservador Mark Adler, que propone obligar a todos los empleados a declarar cualquier trabajo político partidario en los últimos 10 años.
Este proyecto es quizá el de un diputado menos influyente en el Parlamento pero comienza a inquietar a algunas personas puesto que ya pasó la etapa de la segunda lectura, con un apoyo masivo del gobierno.
El proyecto C-520 obligaría no solo a funcionarios del parlamento, tales como el Verificador general o el Director general de elecciones, sino también a todos sus empleados a declarar si ya trabajaron, aunque sea como voluntarios, por un partido político, un candidato, un diputado o un senador, en el transcurso de los últimos 10 años.
El diputado Mark Adler afirma que se trata de una simple cuestión de transparencia. Pero Alexandre Boulerice, diputado del Nuevo Partido Democrático, la oposición oficial, habla de una caza de brujas. “Es como si los conservadores quisieran asegurarse que todos los funcionarios del Parlamento, pasan su pequeño mensaje conservador”, dice Alexandre Boulerice.
Según el ex Director general de elecciones, Jean-Pierre Kinsley este es un remedio inútil. “Es un proyecto de ley que finalmente, trata simplemente de solucionar un problema que no existe”, dice Kinsley.
Sebastien Grammond, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa, abunda en el mismo sentido. Según él, el proyecto de ley “corre el riesgo de crear una percepción en el público de que hay un problema de parcialidad política por parte de los funcionarios del Parlamento”.
Estos funcionarios si inquietan y estudian ya los medios legales a su disposición.
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