Esta semana se llevó a cabo en Montreal una conferencia-debate sobre el tema del retiro de la nacionalidad a los descendientes de haitianos por el Tribunal Constitucional dominicano.
El evento tuvo lugar el pasado miércoles en la Universidad de Quebec en Montreal y fue organizado por el Grupo de investigación sobre los imaginarios políticos en América Latina, GRIPAL por su sigla en francés.
Uno de los participantes, André Corten, profesor en el Departamento de Ciencias Políticas, lleva cuarenta años llevando a cabo investigaciones sobre Haití.
Entrevistado por Radio Canadá Internacional, Corten explicó que se debe evitar una reacción anti-dominicana, lo que acabaría reforzando a los sectores ultranacionalistas dominicanos que esgrimen el argumento de la independencia y soberanía del país.
Hasta 2010 la República Dominicana otorgaba automáticamente la ciudadanía a toda persona nacida en su territorio. Pero ese año el gobierno aprobó una nueva Constitución que estableció que la ciudadanía dominicana será otorgada solamente a los nacidos en su territorio y que al menos uno de los padres sea de sangre dominicana o cuyos padres extranjeros sean residentes legales.
Citando esa Constitución, el pasado 26 de septiembre el Tribunal Constitucional dominicano dictaminó que todos los migrantes haitianos que llegaron a trabajar en los cañaverales dominicanos después de 1929 estaban “en tránsito”, y que por lo tanto, sus hijos no tenían el derecho automático a la ciudadanía sólo por haber nacido en República Dominicana.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos y de protección de los migrantes dijeron que la decisión de la Corte dominicana empujará a muchas personas a vivir en la clandestinidad, privándoles del acceso a las necesidades básicas y los servicios públicos.
Varios expertos advirtieron este viernes que una decisión de la Corte que ordena quitar la ciudadanía a miles de dominicanos nacidos en República Dominicana e hijos de inmigrantes haitianos podría causar una grave crisis de derechos humanos, causaría deportaciones masivas y una discriminación y racismo generalizado.
El fallo del Tribunal Constitucional dominicano es final y le otorga a la Comisión Electoral dominicana un año para elaborar una lista de las personas a las que se les quitará la ciudadanía, pese a haber nacido y vivido toda su vida en República Dominicana.
Por otro lado, las autoridades electorales dominicanas se han negado a emitir documentos de identidad a unas 40.000 personas de ascendencia haitiana. El gobierno estima que unas 500.000 personas nacidas en Haití viven en República Dominicana.
Los dominicanos de lengua española y los haitianos de lengua creole comparten la isla caribeña de La Española y tienen una larga historia de conflictos con un trasfondo de discriminación racial de parte de República Dominicana, que incluyen guerras y masacres, como la Masacre del Perejil.
En octubre de 1937 el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo ordenó la erradicación masiva de la población de origen haitiano que residía en territorio dominicano. Las acciones de sus soldados y policías contra civiles de origen haitiano, en su mayoría peones agrícolas, dejaron entre 20.000 y 35.000 muertos, incluyendo dominicanos hijos de padres haitianos.
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