En Colombia, el Consejo de Estado le infringió una derrota judicial al alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que busca la anulación del fallo de su destitución e inhabilitación por 15 años, dictado por la Procuraduría General.
Luego de una sesión que se extendió por 11 horas, la Sala Plena del Consejo se pronunció en contra de conceder la protección a los derechos presentada por la defensa de Petro. De todos modos, la medida no implica que el funcionario deba abandonar su cargo en forma inmediata, ya que aún falta la decisión que debe adoptar el Consejo Superior de la Judicatura.
Petro, una de las principales figuras de la izquierda colombiana, sostiene que el intento de la Procuraduría de desalojarlo de su cargo obedece a razones políticas. El alcalde acusa al Procurador General, Alejandro Ordóñez Maldonado, de perseguirlo, debido a su orientación política y a su pasado como guerrillero. Petro abandonó el grupo rebelde M-19 en la década de 1990.
Por su parte, Ordoñez Maldonado acusa a Petro de violar los principios del libre mercado, al intentar que la alcaidía de Bogotá anulase los contratos que conceden a empresas privadas la recolección de residuos domiciliarios.
La remoción de Petro fue dejada en suspenso por decisión judicial en enero último, hasta que se clarifique si el Procurador tiene poderes para remover a un funcionario elegido por voto popular.
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